Y la Justicia, en medio

El auténtico espectáculo montado alrededor de la declaración de Artur Mas ante el magistrado instructor del TSJC fue una muestra más del desprecio absoluto por la independencia del poder judicial que, en general, muestra la mayor parte de las fuerzas políticas españolas. Si realmente alguien fuera culpable o inocente en función del apoyo popular o las muestras de afecto que recibiera, no habría casi ningún ciudadano de etnia gitana en prisión, habida cuenta del secular apoyo familiar que reciben los miembros de dicha etnia cuando atraviesan situaciones difíciles de salud o de justicia, como muchos hemos comprobado en los pasillos de los hospitales y juzgados.

Por tanto, convengamos que ese nos es un referente válido para mesurar la penalidad de los hechos en que una persona pueda haberse visto involucrada.

Lo anterior no quita que la independencia de la Fiscalía General del Estado constituya un concepto más bien contradictorio, porque a nadie se le escapa que existe hilo directo entre el gobierno y la política que, en forma de instrucciones, dirige el fiscal general a través de sus subordinados.

El gobierno estatal –de cualquier color, al menos de los que han gobernado hasta ahora- viene haciendo uso desde tiempo inmemorial de sus prerrogativas para controlar el tercer poder y vaciarlo de su cacareada independencia. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial son la muestra palpable de que, en una democracia formal como España, todavía nos queda largo trecho por recorrer para siquiera cumplir los mínimos exigidos por Montesquieu. Mientras tanto, jueces y tribunales tratan de hacer su labor lo mejor que saben entre los intentos de unos y otros de llevárselos a su terreno.