Vacunar o no vacunar…

El triste episodio del niño afectado de difteria en Catalunya ha vuelto a poner de manifiesto el problema social provocado por aquellos que no vacunan a sus hijos, ya sea por desidia o, lo que es más habitual, por hacer caso a los despropósitos diseminados por los activistas antivacunas.

Los propios padres del niño han manifestado sentirse engañados y estafados por haber creido en los argumentos contrarios a la vacunación. Pero no están exentos de culpa. Deberían haber buscado información fiable y contrastada científicamente y no haber confiado en charlatanes, incluso aunque sean médicos, que, por desgracia, también los hay, en un tema tan importante para la salud de sus hijos y de toda la comunidad.

Los propagandistas contra la vacunación deben estar muy orgullosos de haber conseguido evitarle a este niño la posibilidad entre un millón de padecer algún efecto secundario leve de la vacuna. El que esté entre la vida y la muerte por haber contraído la enfermedad y la probabilidad nada despreciable de que padezca secuelas graves a consecuencia de la misma deben ser para ellos daños colaterales asumibles.

No vacunar a los hijos, además de ponerles en peligro de contraer las infecciones para las que no estarán protegidos, es un acto profundamente insolidario para con la sociedad en general. Insolidario porque supone aprovecharse de la inmunidad de grupo que se consigue cuando más del 90 o 95 % de la población está inmunizada y, por tanto, el agente infeccioso no circula, así que la persona no se infecta. Insolidario también porque al disminuir el porcentaje de población protegida se disminuye esta inmunidad de grupo, lo que supone un mayor peligro para aquellas personas que no pueden vacunarse por padecer determinados procesos patológicos que imposibilitan la vacunación.

Además, lo de que el agente infeccioso no circula es cierto sobre todo para los virus, pero no tanto para las enfermedades bacterianas, especialmente aquellas cuyos efectos dañinos están producidos no ya por la infección en sí misma, sino porque la bacteria sintetiza una toxina que es la responsable de la enfermedad. Eso es lo que pasa en el caso del tétanos, de la difteria y de la tosferina. Las bacterias no dejan de estar presentes en nuestro medio ambiente, y las personas pueden infectarse, pero las vacunadas están protegidas contra las toxinas y la infección será, por tanto, asintomática. Pero los no vacunados, como el niño afectado, sí desarrollarán la enfermedad con todas sus consecuencias.

También las autoridades sanitarias tienen su responsabilidad. No se están haciendo los esfuerzos necesarios para hacer llegar a los ciudadanos la información pertinente sobre las vacunas y se está pecando de pasividad ante la ofensiva insidiosa de desinformación por parte de los activistas antivacunas. Se debería, desde los centros de salud, implementar protocolos de información y educación, sobre todo para las personas jóvenes en edad fértil, acerca de los beneficios abrumadores y también de los posibles riesgos, por mínimos que sean, de las vacunas.

Otro debate que se ha reactivado con ocasión de este caso, es el de imponer la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario sistemático. Hay quien aboga por ello, con argumentos muy contundentes de la preeminencia del bien común sobre el particular y también de la limitación del derecho de los padres a decidir en contra de la salud de sus propios hijos. Se trata de una polémica que transita por los límites de la libertad individual, de la privacidad y de la patria potestad y, por tanto, es una cuestión muy sensible que requeriría de una profunda deliberación y de un amplio consenso social y que no puede tomarse en caliente por la existencia de un caso concreto, cosa a la que nuestros políticos son, por desgracia, muy aficionados.

Pero si se podría arbitrar algunas medidas concretas, no tanto para penalizar a quienes no vacunen a sus hijos, sino para proteger al resto de la sociedad. Por ejemplo, podría exigirse a los padres el pago del coste, total o parcial, de la asistencia sanitaria necesaria en caso de que su hijo enferme de la infección de la que no ha sido vacunado, o de los gastos ocasionados por las investigaciones epidemiológicas y tratamientos preventivos de los contactos. También se podría excluir a estos niños de la participación en actividades comunitarias, como campamentos de colonias, viajes escolares, etc., si en su grupo hay otros niños que no puedan ser vacunados por razones de salud.

Todos somos responsables de aquellas decisiones que tomamos haciendo uso de nuestra libertad y de nuestros derechos democráticos. Aquellos padres que tomen la decisión de no vacunar a sus hijos, deberían hacerlo conscientes de la responsabilidad que contraen y de las posibles consecuencias para sus hijos y para la comunidad. No puede ser que perjudicarnos a todos les salga gratis.