Unos 12.000 canarios con hepatitis C deberían haber iniciado el tratamiento

Intersindical Canaria (IC) ha denunciado que al menos 12.000 canarios diagnosticados con hepatitis C "tendrían que haber iniciado el tratamiento vetado por el Gobierno", recordando que la Ley General de Sanidad y el conjunto de las legislaciones de carácter autonómico obliga a las administraciones a combatir la enfermedad independientemente de la dolencia y el coste del tratamiento.

En un comunicado, el sindicato entendió así que "no es admisible que continúe retrasándose la dispensación del Sovaldi o de cualquier otro tratamiento para los pacientes afectados por hepatitis C".

Por su parte, IC expuso que en Canarias, con una estimación aproximada de unos 40.000 afectados por hepatitis C --sólo en torno a un 30% es consciente de sufrirla--, la "errática" gestión de la crisis planteada por la falta de acceso al producto "es mimética a la realizada por el Ministerio de sanidad".

"La oferta hecha por el ejecutivo canario --agregó--, prometiendo para finales de febrero unos 105 tratamientos dirigidos a los pacientes más graves, incide en la frivolidad y la indolencia con la que la Consejería de Sanidad toma los problemas de salud de los canarios".

Para Intersindical, esa oferta, "por insuficiente y ridícula en relación con el número de afectados", tendría que haber sido sustituida por una exigencia al Gobierno del Estado para que en breve plazo, e independientemente del coste del tratamiento, se ponga a disposición de todo aquél canario que la necesite.

"El abaratamiento del coste del producto es una negociación que, a estas alturas, tendría que estar ya resuelta con el conjunto de países miembros de la Comunidad Europea, motivo por el cual no debería incidir en el actual y letal retraso del tratamiento de los pacientes y usuarios de la sanidad pública canaria", aseveró IC.

Finalmente, Intersindical Canaria animó a los pacientes del archipiélago a iniciar de inmediato acciones de protestas que converjan con las ya iniciadas en diferentes territorios del Estado para que la administración del tratamiento se fijen de inmediato y en condiciones de igualdad de acceso y sin discriminación alguna.