Una privatización de torres de control que sólo quieren las aerolíneas

En 2011, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el ministro de Fomento José Blanco como impulsor de la medida, liberalizó doce torres de control: Ibiza, Alicante, Valencia, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla.

Ya entonces, el ministro Blanco dejó claro que se trataba de una primera fase para "romper el monopolio de AENA en la prestación de servicios de control aéreo en España".

"Se trata sin duda de un paso importante hacia la mejora de los servicios de navegación aérea, liberalizando e introduciendo, por primera vez, competitividad en el sector", aseguró el ministro, que explicó que es el mismo modelo que impera en los países del entorno europeo.

2ª FASE

Doce años más tarde, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), dirigido por Raquel Sánchez, opta por continuar aquel proceso y liberalizar el servicio de control aéreo en otras siete torres de control: Palma de Mallorca, Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur.

En febrero fue publicado el proyecto de orden ministerial y se abrió un proceso de consulta pública, no exento de polémica porque el proceso privatizador levanta recelos.

La privatización viene siendo reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). La recomienda la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el argumento de que el proceso iniciado en 2010, ha supuesto mejoras significativas en términos de calidad y eficiencia. Además, ALA sostiene que estas mejoras supondrán una reducción de las tasas aéreas que pagan las aerolíneas, lo que acabará siendo repercutido en el precio de los billetes, beneficiando a los viajeros. Esa es la teoría.

Pero este argumento es negado por el sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), mayoritario en el sector.

"Uno de los principales argumentos que se han utilizado para apoyar la privatización es ese supuesto abaratamiento de los billetes, pero no es real porque la torre de Ibiza lleva privatizada desde 2013 y los precios no solo no han disminuido, sino que se han aumentado", explica González.

"Enaire es el proveedor de servicios de navegación aérea más eficiente y seguro dentro de los españoles y uno de los mayores de Europa, con unas tasas muy por debajo de la media y que no le cuestan nada al contribuyente. Entendemos el servicio de control como un servicio público y una red en la que los aeropuertos más lucrativos compensan a los que no lo son tanto. Si continuamos rompiendo esta red, podríamos llegar a ver el cierre de algunos aeropuertos, con el consiguiente impacto social y laboral", alertan desde Usca.

Si se privatiza las torres, según Usca, la plantillas se vería disminuidas prácticamente a la mitad, como se ha podido ver en las torres que ya han sido privatizadas, cuando el número de horas y turnos son las mismas. Eso conlleva un esfuerzo mayor por parte de la plantilla, que estaría más fatigada y no es lo ideal en cuanto a la seguridad. Es un trabajo que requiere una gran concentración y lo ideal es que no se llegue a final de año al límite de horas como sucede en las privadas. Además, en las torres privadas los controladores están obligados a realizar tareas no sólo operativas, sino también administrativas".

POLÉMICA

La privatización de las torres de control está generando una intensa polémica política en las Islas y en el conjunto del país. En general esto sucede siempre que se oye hablar de privatizar algún servicio público, algo que erróneamente se atribuye a la derecha, pero que en este caso lo ha hecho y lo quiere seguir haciendo la izquierda y más concretamente el PSOE, aunque la medida cuenta con la oposición de Unidas Podemos y los socios de investidura: Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG.

A principios de marzo en el Congreso de los Diputados, los socialistas acordaron revisar la orden ministerial, aunque esto no supone la paralización del proceso de privatización.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha señalado que la liberalización ha permitido ganar en eficiencia en el servicio, avanzando en la reducción de costes y en la mejora de la calidad, sin menoscabo de la seguridad. Esta mejora de eficiencia ha contribuido decisivamente a la senda continuada de reducción de tarifas aeroportuarias desde 2015 hasta la actualidad, lo que ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del turismo, la economía y la conectividad en nuestro país.

La CNMC, en su 'Estudio de los Servicios de Tránsito Aéreo en España' de 2018, constató que la apertura a la competencia de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo ha permitido mejorar la eficiencia hasta el 60 por ciento y mejorar la calidad del servicio. También se apuntaba que la liberalización ha conllevado una significativa reducción de costes y una mejora de la calidad de estos servicios. Por todo ello, se recomendaba avanzar en la liberalización del control aéreo de aeródromo, para continuar con los procesos de reducción de costes y mejora de la calidad observados.

ALA va más allá al solicitar que también se liberalicen los servicios de aproximación, como han hecho Reino Unido, Suecia o Alemania, que han liberalizado, además de los servicios de aeródromo, también los de aproximación.

Unidas Podemos ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para impedir el proceso de liberalización impulsado desde el PSOE.

El diputado Rafa Mayoral afirmó que el espacio aéreo es "un elemento esencial de seguridad nacional que afecta a sectores económicos estratégicos en el país, por lo que las torres de control no pueden ser privadas".