Hace una pila de años, aunque no tanto como se pueda suponer, existió en el mundo del negocio turístico, un elemento distorsionador que traía de cabeza a un buen número personas que dedicábamos nuestro tiempo y esfuerzo a ese noble subsector de la producción. En la época a la que traslado mi memoria, existía una cantidad considerable de establecimientos hoteleros y extra hoteleros a los que de forma genérica denominábamos como hoteles y apartamentos. Cada una de estas edificaciones contaba con una serie de requisitos para poder ostentar en sus fachadas una catalogación y categoría expedida por el organismo competente de aquella época -antes era el Gobierno autonómico y ahora, creo que es el Cabildo-. Por tener obligaciones, tenían hasta la de contar con la figura de un Director con titulación en Turismo -hoy, parece, que cualquiera vale para el cargo, pero eso será tratado en otro artículo-. Cualquier movimiento, renovación, ampliación, o lo que fuera menester, conllevaba la consiguiente visita del inspector o controlador de turno, quien levantaba acta y facilitaba o ralentizaba la gestión demandada. En cada nuevo año, había que llevar la documentación necesaria para declarar los precios máximos y confirmar lo que continuaba en vigor. No lo recuerdo como un paso desagradable, pero si tedioso por la cantidad de documentos a cumplimentar.
Por esa época, recuerdo la visita de un inspector que venía a comprobar una reclamación que un cliente había formulado contra mi establecimiento por encontrar una cucaracha muerta en las calles del complejo que yo dirigía en el sur de Tenerife -complejo con gran cantidad de jardines y con muchísimo espacio exterior-. Obviamente, al mostrar el preceptivo certificado de que, una empresa del ramo de la desinsectación, mantenía su trabajo en activo, el acta fue favorable. Tomando café con aquella persona -un inspector no es un enemigo, sino alguien que también trabaja en favor de un turismo de calidad- le pregunté cómo llevaría a cabo una visita de inspección a un edificio que teníamos frente al nuestro y que aun siendo de viviendas de VPO (Viviendas de Protección Oficial) publicitaba, algunas casas, en las páginas de un tour operador nórdico. Le resultó difícil de contestar, puesto que dicho edificio de viviendas favorecidas, económicamente (V.P.O.), por servir como domicilio principal, no contaba con recepción ni, por supuesto, con alta turística. Él por su parte, me habló sobre un complejo, también cercano al mío -ambos en Los Cristianos- que dirigían desde Inglaterra con todo el personal de habla inglesa. Tampoco había recepción ni dirección, ni nada de nada. Solo alojamientos contratados íntegramente por un tour operador que llevaba la organización desde el Reino Unido. Fue a inspeccionar algo que no me contó, y no pudo llevar a cabo su trabajo, porque ni él sabía idiomas, ni allí encontró a nadie que le pudiera atender para poder hacer su trabajo. ¿Libro de inspección? - ¿What? ¿El Director, por favor? – I’m sorry, “no comprendo”. El edificio siguió con su negocio hasta que yo dejé la zona…
Con lo expuesto pretendo acercar, al lector, a una realidad que aunque es de un tiempo pasado, parece que ha vuelto para quedarse. Me refiero al intrusismo. La diferencia es que en esta ocasión las cosas han cambiado de forma sustancial y ahora ya no se puede hablar del tema en un tono ilegal, ni clandestino. Y aunque muchos tengamos la sensación de que sí pueda ser negativo, lo cierto es que la actividad que mencionaré a continuación, ahora está amparada por la Ley. El cómo se atendió a las presiones que, seguro, habrán existido para llegar a tener ese amparo, sería digno de análisis; pero, esto, no es más que un artículo de opinión.
Las viviendas vacacionales cuya reglamentación se recoge -salvo error- en el Decreto 113/2015, han venido para establecerse como una nueva modalidad de explotación turística. Sus defensores hablan de la alta calidad en el turismo que atrae. Y, aun cuando sus clientes hacen uso de las llamadas compañías aéreas de bajo coste y se mueven en los supermercados, como pez en el agua; nos dicen que dejan un dineral en las zonas a las que vienen a hospedarse. ¿Tendrán en los restaurantes y comercio esa opinión? Parece que lo que sí ha aumentado, con esta nueva modalidad, es el negocio especulativo inmobiliario; no es lo mismo vender un piso, con posibilidad de negocio cediendo la explotación a una empresa del ramo o pensar en un hipotético contrato de arrendamiento urbano a un coste mensual de ochocientos euros -antes era de cuatrocientos-; que hacerlo con la expectativas de comprar esa unidad animado por la explotación como vivienda vacacional a precios de setenta euros diario. ¿Y, los gastos? ¡A menor infraestructura y personal, menor gasto! Ya no se necesitarán temas tan costosos como la recepción, la figura de un director, un departamento de limpieza y técnicos para solventar imprevistos, etcétera. Bastará con un escobillón, pala y fregona. ¡Lo que busca el turismo de calidad!
El nuevo negocio solo cuenta con un lunar incómodo si nos atenemos al esfuerzo que desde alguna asociación de este tipo de explotación se hace para que se modifique una Ley -Ley Turística de 7/1995 de 6 de abril-. Si uno se pone a ver la Ley con lupa, es verdad que perjudica a quien se compró con su esfuerzo y trabajo, un apartamento para “residir” en un lugar que seguramente conoció como turista, para después exigir que fuera un lugar para disfrutar como residente de largas temporadas. También es verdad que debería haberse informado a la hora de comprar en un edificio que ya se dedicaba a la explotación turística -el TENBEL, de ahora, puede ilustrarnos-. No olvidemos que esa Ley, ¡esa oportuna y gran Ley! vino como consecuencia de lo que se denunciaba en la época pretérita y que menciono al inicio de este escrito. Había que solucionar el desbarajuste que existía en muchos edificios donde existía una explotación turística establecida, pero que también se llevaban a cabo explotaciones “distintas” que pretendían tener servicios hoteleros sin pagar por ello. Muchos lectores no lo recordarán o tal vez no lo supieron nunca, pero quienes vivíamos el día a día de aquella realidad, sí que tenemos memoria -eran conversaciones recurrentes en el CIT del sur, en ASHOTEL y en otros foros donde se debatiera la problemática del turismo-. Eso y la agresividad en la venta del “Time Sharing” eran los motivos que producían más quejas entre la clientela en aquellos momentos. La Ley trató de reconducir todo y obligó a la existencia de una sola entidad explotadora por edificio. La adscripción, no estaba obligada, pero era la única vía de comercialización, basada en el principio de Unidad de explotación.
Si, ahora, se consiguiera cancelar esa Ley, o modificarla para adecuarla a los intereses de algún grupo de presión, dejaríamos la puerta abierta a una actividad residencial en complejos extra hoteleros y eso favorecería la posibilidad de ampliar el campo de acción a las Viviendas vacacionales, además, de repetir errores del pasado. ¡Un debate, antes de actuar, se hace necesario! Y, entre tanto, seguir pensando dónde se alojará el personal que ha de atender a los turistas de hoteles y apartamentos. Sería bueno no dar más protagonismo al turismo de “masa”. Si se desea especular, Europa tiene mucho terreno. ¡En Canarias lo que se necesita son viviendas para operarios y población en general!
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