docentes

El segundo Congreso de Innovación Educativa de ANPE Canarias proporcionó recursos “realistas” al profesorado canario para que pueda transformar sus métodos de enseñanza

La directora general de Personal, Marisol Collado, señala que el Gobierno de Canarias intentará garantizar el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación en relación a los interinos y las interinas mayores de 55 años y anuncia la creación de una Mesa de trabajo monográfica sobre los conservatorios

El sindicato, que ha atendido más de 1.400 denuncias en sus 11 años de existencia, exige a la Consejería de Educación que institucionalice esta herramienta y brinde apoyo a los docentes

La justicia da la razón al sindicato al entender que todos los profesionales de la enseñanza tienen derecho a percibir este complemento asociado a la formación

CSIF denuncia que el déficit acumulado en inversión en educación es de más de 7.000 millones de euros en los últimos 10 años

El sindicato alerta de que a pesar de que el inicio oficial del curso fue el 1 de septiembre, la Consejería regularizó a los nuevos funcionarios en prácticas y a los interinos el día 2, coincidiendo con el primer lunes del mes, con el único objetivo de ahorrarse una jornada de sus cotizaciones y su salario

Marrero nsiste en que se necesita “incrementar la plantilla en unas 1350 personas y, sin embargo, sólo estaba previsto en los Presupuestos” un crecimiento en torno a 143 docentes

“Las condiciones pactadas ahora para las oposiciones de magisterio demuestran el ninguneo al que hemos sido sometidos los opositores de secundaria”

Anuncia que su grupo parlamentario presentará una enmienda a los presupuestos regionales, en el caso de que no se garanticen los derechos a estos trabajadores

El colectivo de opositores docentes que aprobaron el último proceso selectivo en Canarias denuncia que esta comunidad "sea la única del Estado en donde se penaliza a quienes superan un proceso de oposición tan duro y se les relega al final de las listas de empleo". El colectivo 'OPCAN' ha trasladado su denuncia a la Consejería de Educación canaria, así como a los partidos políticos del Parlamento regional, que se habrían comprometido a buscar fórmulas "que tengan en cuenta el mérito y la capacidad demostrados por los aprobados".

La denuncia sustenta presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.