SATSE: Sanidad puede llegar a “imponer” a las enfermeras la comisión de un presunto delito

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha advertido del grave conflicto asistencial que se producirá en los centros de salud de todo el país durante la próxima campaña de vacunación de la gripe por la incapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para aprobar y llevar al Consejo de Ministros la modificación consensuada del Real Decreto de prescripción enfermera.

SATSE, cuyo presidente Manuel Cascos, se ha dirigido por carta a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, sobre este asunto, señala que, a escasas fechas del inicio de la campaña de vacunación de la gripe en los distintos servicios autonómicos de salud, el Ministerio de Sanidad sigue “dando largas” y no concreta cuando se hará realidad en el BOE la modificación del Real Decreto que evitará los problemas asistenciales y profesionales registrados en las campañas de años anteriores.

“Ojalá nos equivoquemos pero dudamos de que el Ministerio de Sanidad sea capaz de resolver la aprobación del nuevo Real Decreto de prescripción enfermera antes del inicio de las campañas de vacunación, con lo que se podría perder una oportunidad inmejorable de dar por zanjado un problema que viene arrastrándose desde hace años”, reiteran desde la organización sindical.

SATSE está estudiando jurídicamente poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y sus homónimas de las comunidades autónomas la situación, al considerar que los servicios de salud pueden llegar a obligar a las enfermeras, de hecho y no de derecho, a cometer un presunto delito que, en el caso de tener consecuencias negativas para los pacientes tras poner una vacuna de la gripe sin prescripción médica, dejaría al profesional en una clara situación de indefensión absoluta y con un posible rechazo del seguro de responsabilidad civil para hacerse cargo de una indemnización por daños o secuelas al paciente, que pudieran ser incluso irreversibles.

El Sindicato recuerda que, tras la entrada en vigor, en 2015, del actual Real Decreto de prescripción enfermera, las enfermeras y enfermeros necesitan contar con el diagnóstico e indicación previa del médico, y de manera individualizada por cada paciente, para poder administrar las vacunas. Una situación que complica mucho la labor de los profesionales y pone en riesgo su seguridad, y que conlleva un grave conflicto asistencial con la consiguiente peor atención al ciudadano (colapsos, retrasos, esperas…), apunta.

Por ello, SATSE, al igual que ha realizado en distintas ocasiones de manera conjunta con el Consejo General de Enfermería, vuelve a reclamar al Ministerio de Sanidad que agilice la tramitación pendiente para que la modificación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera se publique en el BOE antes del inicio de la campaña de la gripe. “Estamos hartos de que el Ministerio de Sanidad se mantenga en una postura de brazos caídos y de la espalda a la seguridad y derechos de los pacientes y profesionales, mostrando su insolvencia política para legislar y protegerlos”, añaden desde la organización sindical.

El Sindicato recuerda que, en octubre de 2017, el Foro Profesional, integrado por el Ministerio de Sanidad, las profesiones enfermera y médica y representantes de las CC.AA., acordó modificar el actual Real Decreto de prescripción enfermera, incluyendo expresamente que, en el ámbito de las vacunas, las enfermeras y enfermeros no precisarán ya de un diagnóstico previo del médico para que se realice la correspondiente indicación y administración a cada ciudadano.

Antes de la entrada en vigor del actual real Decreto, la vacunación de la población era gestionada directamente por las enfermeras y enfermeros realizando la prescripción y administración siguiendo los protocolos establecidos por las Consejerías de Salud de cada Comunidad Autónoma.

Una vez se modifique la norma con el nuevo texto consensuado entre todas las partes, las enfermeras y enfermeros podrán indicar y administrar de manera autónoma las vacunas, y lo harán con la seguridad jurídica que garantiza que nadie podrá denunciarles por haber incurrido en un presunto delito de intrusismo profesional, además de tener preservada su responsabilidad civil y profesional, asevera.

Por último, SATSE asegura que su asesoría jurídica está elaborando un documento para que, con carácter individual, cada enfermera y enfermero de los centros de salud de todo el país se dirija al cargo directivo responsable de su centro de trabajo declinando en él toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia o problema asistencial que se pudiera producir como consecuencia de ser obligado a administrar una vacuna sin cumplir la normativa vigente y, por tanto, no disponer del diagnóstico y prescripción previa del médico.