El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, afirmó hoy que el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, aprobado ayer en el Congreso de los Diputados junto con el de 2017, suponen un “avance” para Canarias y en sus realciones con las instituciones del Estado. Rodríguez destacó la “consolidación” de unos recursos que suponen el “reconocimiento de los derechos” de los canarios y de las “singularidades” de Canarias. El responsable de los nacionalistas de izquierdas valoró el “decisivo” papel jugado por los votos nacionalistas para propiciar un “cambio histórico” iniciado con la “transformación” del tratamiento de la política presupuestaria del Estado hacia Canarias y complementado con la mejora del fuero y de la calidad democrática de las islas así como una mayor capacidad de autogobierno con la próxima aprobación de las reformas del Régimen Econónico y Fiscal (REF), del Estatuto de Autonomía y del sistema electoral.
Para NC, los presupuestos estatales de 2018 son los de la “consolidación” de recursos para Canarias por “todas las medidas reconocidas” en las leyes presupuestarias de 2017 y 2018, gracias entre otros factores al valor del voto 176 del diputado Pedro Quevedo. Uno de los grandes avances de los dos acuerdos del PGE, en opinión de Román Rodríguez, se da a través de la participación de Canarias en la financiación autonómica. Se hace “justicia” con las islas al desvincular los ingresos del REF de la financiación autonómica
Un logro que en 2017 supuso 220 millones de euros y más de 400 millones de euros en 2018 para “proseguir” con la implantación de medidas que permitan superar las consencuencas del grave deterioro sufrido por la sanidad, la educaciòn y los servicios sociales por los recortes en el gasto aplicados durante la crisis económica.
La recuperación en 2017 de los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo (PIEC) y otra cantidad igual para el plan de infraestructuras educativas y por segundo año consecutivo anclado en las cuentas estatales, para Rodríguez, es otro de los resultados a destacar.
El mismo nivel de reconocimiento concedió el presidente de NC a los más de 400 millones de euros que “nos ahorramos” con el 75% de descuento en los billetes aéreos y marítimos entre islas y con la Península además del cien por cien de bonificación del transporte de mercancías interinsular, con el continente y la Unión Europea, incluido el retorno vacío y con caráter retroactivo a 1 de enero de 2016.
La incorporación ahora de programás “únicos” como los 30 millones de euros destinados a combatir la pobreza y la desigualdad social así como las ayudas al agua de riego agrícola (ocho millones de euros), el pago del Posei adicional por parte de la Administración estatal (30 millones de euros en los dos años) y del transporte del plátano desde el 1 de enero de 2017 son, para los nacionalistas de izquierdas, “oportunidades” para empezar a remontar la brecha social provocada por la crisis y para ayudar al sector primario local.
“Se consolidan” en 2018 recursos con lo que “se nos reconocen nuestros derechos y singularidades” y “se incorporan” otros que contemplan la fractura social en la comunidad, afirmó Román Rodríguez. También ha sido decisivo, añadió, el voto de “desbloqueo” de Pedro Quevedo para conseguir la ficha financiera completa, 200 millones de euros, para el Plan de Lucha contra la Violencia de Género.
Pero en el acuerdo presupuestario de NC, hay un segundo nivel de compromisos políticos que aún no han terminado de cumplirse. Se refería a las reformas en tramitación en el Congreso de los Diputados del REF económico “cada vez más social”, del Estatuto de Autonomía y del sistema electoral. Tres retos que, cuando se aprueben en las Cortes Generales, marcarán el futuro de una Canarias con un mayor nivel de autogobierno, con su fuero mejorado y con más calidad democrática.
Román Rodríguez dijo que el PGE de 2018 ha sido posible por la minoría del Gobierno del PP sin olvidar la infuencia de próximas citas electorales, traducido en elementos positivos como el avance provisional del sistema de pensiones, la mejora de las condiciones laborales y salariales de empleados públicos, la homologación de la Guardia Civil y Policía Nacional y el uso del superávit de corporaciones locales y autonomías.
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