El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy que la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de España al solicitar un dictamen urgente al Consejo de Estado sobre los decretos aprobados por el Ejecutivo autónomo en relación a la consulta petrolífera “revela un talante profundamente antidemocrático, puesto que no se centra en cuestionar aspectos concretos de la pregunta, sino que se recurre la misma convocatoria de consulta”.
En opinión de Ríos, “lo que pretende el Gobierno de España es tapar la boca a los canarios” y, ante esa actitud, “debe saber que los ciudadanos de todas las Islas defenderán su derecho a opinar sobre su futuro”.
El comisionado recordó que “tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales” y que ésta es “un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España”.
En este sentido, abundó en que “la consulta no supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además –continuó-, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencial, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo”.
En relación con la pregunta, el comisionado subrayó que ésta “no es inconstitucional porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino por nuestro modelo medioambiental y turístico, competencias propias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
A la vista de tales hechos, Ríos está convencido de que el Tribunal Constitucional confirmará el pleno ajuste constitucional de la consulta y pregunta, y levantará la suspensión automática derivada de la impugnación estatal: “Los argumentos del Gobierno del PP carecen de base jurídica, suponiendo nada más que una decisión política que persigue evitar que se consulte a los canarios, impidiéndoles que se pronuncien sobre su futuro”, insistió.
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