A pesar del mal clima en varios lugares de España, portavoces y voluntarios de PACMA, Progreso en Verde y APA Rioja, junto con representantes de entidades protectoras de animales y personas solidarias se han reunido el domingo en 27 concentraciones distribuidas por todo el país para solicitar a Unidas Podemos y al Partido Socialista que incluyan a los perros de caza en la Ley Estatal de Protección Animal que actualmente está en proceso.
Organizaciones han organizado reuniones en los ayuntamientos, subdelegaciones y plazas principales de varias ciudades españolas bajo el lema "ningún perro fuera de la ley". Esta es la tercera vez que se hace esto, después de que la primera reunión tuviera lugar en septiembre frente a las sedes del PSOE de 13 ciudades, y la segunda en octubre en una veintena de provincias.
Las protestas tienen como objetivo presionar a los socios de gobierno para que confeccionen una ley moderna que abarque a los perros y otras especies usadas en la caza. Estos manifestantes creen que esta actividad es un nicho de maltrato animal, por lo que los animales usados deben recibir la misma protección que el resto. Si se hace una distinción entre ellos, podría generarse la idea de "perros de segunda" cuyo maltrato sería menos castigado.
Los portavoces leyeron un manifiesto en cada ciudad explicando que una Ley de Protección Animal, que ya está en marcha para proteger a los animales torturados en la tauromaquia, a los silvestres, a los hacinados y desprotegidos en granjas y a los de experimentación, va a ser aprobada y muchos más animales quedarán sin protección, como los perros usados para cazar, guardar, pastorear, rescatar y asistir; los caballos explotados en calesas; los burros-taxi; los camellos usados para transporte; delfines; belugas; orcas; aves rapaces; hurones empleados en la caza e incluso las palomas. Esto permitirá el tiro al pichón.
Las organizaciones promotoras han advertido que esta Ley, tal y como está redactada, podría ser un peligro para otras leyes autonómicas menos restrictivas, lo que provocaría un efecto en cadena que dejaría desprotegidos a algunos grupos de animales, no solo a los perros destinados a la caza, vigilancia o actividades específicas.
Javier Luna, presidente del Partido Animalista, acudió a la convocatoria de Madrid en la Plaza del Callao para afirmar que "aún hay tiempo para arreglarlo". Según él, la responsabilidad de salvar decenas de miles de vidas explotadas recae en los políticos gobernantes, especialmente el Partido Socialista y Unidas Podemos. Esto debido al "grupúsculo de mano larga y gatillo fácil" que se refiere al colectivo de cazadores.