El Gobierno no se está planteando la supresión de la reducción fiscal por tributación conjunta en la declaración de la renta ni esta medida figura en el componente dedicado a las reformas tributarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha sido remitido a Bruselas, han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda.
Según han explicado, lo que aparece en el Anexo IV del Plan de Recuperación, es que, de acuerdo con el estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2020, se llegó a la conclusión de que esta reducción, en su actual configuración, generaba un "desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española".
Han añadido que, de igual manera, la AIReF proponía "acelerar su paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio". En base a lo anterior, han asegurado que lo que hará el Ejecutivo es evaluar las recomendaciones de la institución y analizar la eficacia y eficiencia de los incentivos fiscales vigentes, tal y como lo indica expresamente el apartado dedicado a las reformas fiscales del Plan de Recuperación.
Para ello, han señalado que también se ha creado un grupo de expertos que emitirá su informe en febrero del año 2022 y que será en ese momento cuando se planteará qué medidas fiscales son más adecuadas para adecuar el sistema tributario al siglo XXI e impulsar el crecimiento y la creación de empleo.
Por tanto, han hecho hincapié en que el Gobierno lo único que va a estudiar, con el asesoramiento técnico de los expertos, es la forma de evitar que esta reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral. Todo ello, sin que, en ningún caso, esta posible reforma tributaria vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias.
Esta medida beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a unos 1.000 millones de euros al año.