Violencias

Las manifestaciones de esta última semana en protesta por el encarcelamiento del rapero Hasél y, en general, por la libertad de expresión han generado escenas de violencia, algunas de gran intensidad, tanto por parte de manifestantes, como por parte de la policía e incluso por terceras partes.

El problema se ha focalizado sobre todo en Catalunya y más concretamente en Barcelona, aunque ha habido manifestaciones en otras comunidades, sobre todo en València, en les Illes Balears y en Euskadi, con niveles de violencia de notable intensidad también en València.

La violencia es inaceptable en cualquier caso. Por cierto, también por parte de la policía. No debería olvidarse que el estado tiene el monopolio legal de la fuerza, de la fuerza, no de la violencia. Algunas de las actuaciones que hemos podido ver por parte de la policía catalana no son de recibo en ningún caso; el nivel de violencia ha sido excesivo e injustificable y la prueba más trágica es que una joven ha perdido un ojo, reventado por el impacto de un proyectil de foam disparado desde las fuerzas antidisturbios. No puede ser que en una sociedad democrática, plena según el presidente Sánchez, una persona vaya a una manifestación y acabe tuerta.

Tampoco es aceptable que los manifestantes destrocen mobiliario urbano, quemen contenedores, provocando incendios que pueden llegar a poner en peligro edificios cercanos, lancen objetos contundentes, botellas, adoquines y otros, a las fuerzas policiales, ni que se dediquen a romper cristales de escaparates, sucursales bancarias u organismos oficiales, ni que quemen motos o coches, causando un enorme perjuicio a sus propietarios.

Pero también hay que estar atentos a quién realmente provoca estos daños. No hay duda de que la inmensa mayoría de los saqueadores de tiendas son delincuentes comunes, ajenos por completo a las manifestaciones, que aprovechan la situación para sus propios fines delictivos.

También hay algunos medios de comunicación que hablan de indicios de individuos infiltrados entre los manifestantes, que actuarían como iniciadores de lanzamiento de objetos, que serían seguidos por los jóvenes enardecidos e ignorantes de estar cayendo en una trampa. Incluso algún medio habla de acciones de estos infiltrados coordinadas con los movimientos de la policía.

La falta de perspectivas de un sistema económico con un 40 % de paro juvenil, unas leyes injustas como la ley mordaza, un auténtico atentado a la libertad de expresión, unos precios de la vivienda inasequibles por la especulación y la falta de soluciones por parte de los poderes públicos, son un caldo de cultivo de frustración y desespero de los jóvenes, que pueden acabar en explosiones de violencia como las que estamos viendo estos días.

Los jóvenes deberían pensar que al poder establecido no le preocupa la violencia. Con todo el aparato represivo de las fuerzas de seguridad, las leyes, la fiscalía y el sistema judicial siempre va a poder hacer frente y desarticular los movimientos violentos, además de encontrar en la propia violencia la justificación de la represión. Los movimientos pacíficos y sostenidos en el tiempo, en cambio, sí que son alarmantes para el sistema, porque son mucho más difíciles de reprimir y si recurre a la violencia queda al descubierto.

Por tanto, por cuestiones éticas y por razones prácticas, un gran movimiento ciudadano pacífico, constante y extendido en el tiempo sería mucho más útil que estos estallidos extemporáneos de violencia.