El Gobierno aprueba rebajar el alquiler y la carga fiscal al turismo, los bares y el comercio

Estas actuaciones han sido aprobadas este martes en el Consejo de Ministros y han sido posteriormente detalladas por la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha considerado que estos sectores merecen una especial protección debido a su contribución en la economía y el empleo, que debe aplicarse al menos hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad, una vez superada la crisis sanitaria.

Según Montero, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores y rebajas fiscales. Igualmente, otros 2.000 millones se destinarán a apoyos a través de moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras.

La ministra ha reconocido que el Gobierno central "no puede entregar un cheque a los miles de negocios que hay por todo el país", pero ha insistido en que las medidas aprobadas este martes son "una forma de expresar" las ayudas directas que reclaman los empresarios.

GRANDES Y PEQUEÑOS TENEDORES

El decreto ley aprobado en Consejo de Ministros especifica que, en el caso de los locales comerciales que son propiedad de grandes tenedores, es decir, con más de diez inmuebles, se obligará a los dueños a rebajar en un 50 por ciento la renta al negocio mientras esté vigente el estado de alarma, en caso de que la negociación entre ambas partes no haya fructificado. Esta medida podría beneficiar a 190.000 empresas: 33.000 vinculadas al sector turístico y 157.000 locales comerciales, según datos oficiales.

En el caso de los propietarios que son titulares de menos de 10 inmuebles, el Ejecutivo creará un incentivo fiscal que permitirá a este colectivo desgravarse toda la cuantía que rebajen en la renta del inquilino y que, por tanto, dejen de percibir. "Esta rebaja podrá computar como gasto deducible en el IRPF durante el primer trimestre de 2021", ha precisado Montero.

APLAZAMIENTO DE LAS DECLARACIONES DE LIQUIDACIÓN

Además, también se ha dado luz verde al aplazamiento de impuestos de pymes y autónomos en sus declaraciones de liquidación y autoliquidación hasta un máximo de 30.000 euros, lo que en la práctica les permitirá, siguiendo las explicaciones de la portavoz del Gobierno, "no tener que pagar en abril y aplazarlo hasta octubre". También habrá una reducción de la tributación en el sistema de módulos del IRPF, que en el caso de quienes trabajen en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio alcanzará el 35 por ciento.

El Ejecutivo, asimismo, pretende, en palabras de María Jesús Montero, "potenciar el consumo en restaurantes", y para ello ampliará el ámbito de la exención fiscal que se aplica en el caso de los vales de comida de los bares físicos y extenderlo también a los pedidos a domicilio, una medida adoptada pensando en el auge del teletrabajo.

En el bloque de medidas laborales, el decreto también exonerará una parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores, alcanzando el 85 por ciento en el caso de las empresas de menos de 50 empleados y del 75 por ciento para las que cuentan con plantillas más amplias.

SIN CORTES DE SUMINISTRO

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también la extensión de la prohibición en los cortes de suministros (luz, gas y agua) a los consumidores vulnerables y a personas en riesgo de exclusión social mientras dure el estado de alarma, hasta el próximo mes de mayo. La medida se incluye como una disposición en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que ha sido aprobado por el Ejecutivo este martes.

De esta manera, se amplía la prohibición de interrupción de los suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará con la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social por este concepto.

VETO A LOS DESAHUCIOS

Dentro del ámbito del apoyo a los ciudadanos más empobrecidos a causa de la crisis, el Gobierno ha aprobado también la prórroga de la suspensión de los lanzamientos y desahucios, que estaba vigente hasta el 31 de enero y que ahora se extenderá hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021), según ha informado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ahora se incorpora a esta medida a los colectivos vulnerables o que han visto agravada su situación de vulnerabilidad con motivo de la pandemia. En el Real Decreto también se recoge que se suspenden los lanzamientos o desahucios de otro colectivo, que es el de los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, siempre que haya personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

RESIDENCIA HABITUAL

Ábalos ha explicado que esto se debe haber producido antes de la entrada en vigor de este decreto y que, "en ningún caso", la ocupación constituya para nadie su residencia habitual, su segunda vivienda, ni hayan sido cedidas a otras personas, y siempre y cuando las personas recogidas en este colectivo tengan acreditada su situación de vulnerabilidad.

La nueva norma establece que la suspensión del procedimiento de paralización del desahucio o lanzamiento tampoco podrá dictarse cuando existan indicios razonables de que la vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante, o cuando la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto.

Para hacer frente a esta situación, se podrá bien utilizar el fondo de ayudas al alquiler para vivienda asequible, o en el caso de que no pudiese resolverse la situación por falta de alternativa habitacional, el propietario de la vivienda tendrá derecho a una compensación que se establece en función del índice de precios de referencia del mercado del alquiler, "siempre que fuera el propietario el que reclamara esta compensación, porque se hubiesen producido daños objetivos en el domicilio", según ha expuesto el ministro.

TELÉFONOS 902

Finalmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida por la que los teléfonos de atención al cliente de las empresas que prestan servicios básicos, públicos y privados, pasan a ser gratuitos.

Así lo ha dado a conocer el Ejecutivo, que ha detallado que, para el resto de empresas, se establece la obligatoriedad de contar con un número de teléfono fijo o móvil, que deberá estar presente en la publicidad de la atención al cliente. "En cualquier caso, ningún teléfono de atención al cliente podrá suponer un coste mayor al de una llamada telefónica a fijo o móvil", ha subrayado el gabinete.

En este sentido, ha explicado que, hasta ahora, muchas empresas optaban por números de tarificación especial que disuadían a los consumidores y usuarios en el acceso a los servicios de atención al cliente, especialmente a las personas consumidoras vulnerables.

En el grupo de empresas que prestan servicios básicos de interés general, y que deberán disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente, están las suministradoras de agua, gas, electricidad, servicios financieros y de seguros. Además, se incluye a las empresas postales, de transporte aéreo, terrestre y marítimo, las de protección a la salud, así como a las de saneamiento y residuos.

"La medida del Ministerio de Consumo acabará con los abusos y sobrecostes en las facturas telefónicas provocadas por las llamadas a servicios de atención al cliente que, en el caso de los números 902, el coste por minuto se sitúa entre los 0,12 y 0,40 euros, según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", ha destacado el Gobierno.