El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, Maros Sefcovic, y el 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, han cerrado en Bruselas un "principio de acuerdo" sobre las condiciones de aplicación del pacto a partir del próximo 1 de enero, que en la práctica supone que Londres retirará de su polémica ley de Mercado Interior las cláusulas diseñadas para incumplir el acuerdo de divorcio.
"Encantado de anunciar que, gracias al duro trabajo, Michael Gove y yo hemos alcanzado un principio de acuerdo sobre todos los asuntos relacionados con la aplicación del Tratado de Retirada. Ello asegurará su plena operatividad desde el 1 de enero, incluido el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte", ha anunciado Sefcovic a través de un mensaje en Twitter.
Más tarde, en una rueda de prensa tras participar en un Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, Sefcovic ha confiado en que este entendimiento sirva para dar "un impulso positivo" a las negociaciones que se producen en paralelo para un acuerdo de asociación y comercial que rija las relaciones entre el bloque y Reino Unido tras la ruptura.
Sefcovic ha dicho que los negociadores están "muy lejos" aún de un acuerdo sobre el futuro, pero ha destacado que el consenso de este martes para que Londres retire las cláusulas controvertidas y se fijen las disposiciones de aplicación del Tratado de Retirada supone, en la práctica, "retirar un gran obstáculo del camino".
De manera similar se ha expresado el ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, quien ha celebrado el paso "muy importante" que supone este anuncio y ha confiado en que sea señal de que el Gobierno británico está "en actitud de hacer acuerdos" y sea posible lograr un acuerdo comercial "en los próximos días".
Ya el lunes, tras una primera jornada de negociación en Bruselas entre el vicepresidente comunitario y Gove, el Gobierno británico avanzó su disposición a retirar las cláusulas más controvertidas de su ley de Mercado Interior, que afectaban al Protocolo sobre Irlanda y que la Comisión Europea interpretó como violaciones del Derecho internacional y denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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