Tan solo el ocho por ciento de la población situada bajo el umbral de la pobreza en España, que conforman un grupo demográfico integrado por 697.124 personas, se ha beneficiado de las rentas mínimas de inserción que ofrecen las Comunidades Autónomas, según se desprende del informe correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Las diferencias entre comunidades son importantes, ya que País Vasco y Navarra tienen porcentajes que suponen el 70 y el 63 por ciento, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Les siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. En el resto del territorio, únicamente cuatro comunidades, entre ellas Baleares, garantizan porcentajes superiores al 10 por ciento, siendo Aragón, Cataluña y Castilla y León los otros territorios en los que se alcanza este dato. Los otros nueve territorios se sitúan por debajo de esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias sus porcentajes sólo llegan, o están por debajo, del 2 por ciento.
La cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 17,1 por ciento de la renta media por hogar en España, aunque ha experimentado un incremento desde el 13,7 por ciento de 2018 al 17,1 por ciento de 2019. Extremadura, con un 23,1 por ciento, es la comunidad autónoma cuyos perceptores de renta mínima de inserción perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su territorio. A continuación, se sitúan Cataluña y Comunidad Valenciana, con unas cuantías superiores al 20 por ciento de la renta media de su territorio. Esto significa que a los perceptores RMI de estas 3 comunidades se les garantiza 1 de cada 5 euros de la renta media de su comunidad.
Igualmente, otras cinco comunidades superan el 15 por ciento (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, dos autonomías presentan un porcentaje mínimo, y una de ellas es Baleares, con un 7,2 por ciento. En este furgón de cola también está Murcia, con un 10 por ciento. "Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a los perceptores garantizar la supervivencia", según ha indicado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Para la entidad, la aprobación del ingreso mínimo vital ha sido "una magnífica noticia", pero lamenta que "las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas". "Lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, está generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades, e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables", sostienen los directores y gerentes en servicios sociales.
INTEGRACIÓN EN EL INGRESO MÍNIMO VITAL
Ante esta situación, estos profesionales solicitan al Gobierno que ponga en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades para que se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las comunidades autónomas les reclaman que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales "para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral".
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