Juzguen ustedes mismos: el Ministerio de Consumo prohibirá los anuncios de alimentos no saludables dirigidos a menores de 15 años a lo largo de 2021 y la Ministra Montero modificará la ley del aborto permitiendo que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Esto no es de locos?
Una vez más el movimiento abortista dejará indefensas a las jóvenes frente a las presiones para que aborten que ejercen con frecuencia quienes las han dejado embarazadas; dejará indefensas a las jóvenes frente a la manipulación de quienes supuestamente vendrán en su ayuda planteándoles el aborto con la gran mentira de que es la única solución.
Sabemos que el aborto no es la solución ni para el hijo ni para la madre, por las graves consecuencias que acarrea: la muerte del hijo y el habitual trauma de la mujer (negar este trauma es otras de las grandes mentiras de los abortistas). El aborto no es una solución feminista a los problemas de las mujeres sino algo que permite la irresponsabilidad sexual de los hombres a costa de las mujeres.
La doctrina del Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985 en la que declaró la vida del 'nasciturus' "un bien jurídico que ha de ser protegido" y que, por tanto, según ha precisado convierte la actual Ley del aborto en una normativa "inconstitucional".
La vida del «nasciturus» es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra Norma fundamental.
La protección que la Constitución dispensa al «nasciturus» implica para el Estado dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma.
Con políticas regresivas como la que está llevando a cabo el Govern de aquí y el de España se está produciendo de facto el "desahucio jurídico de la condición de madre" y se está instaurando una peligrosa concepción social y política que trata de violentar el deseo natural de miles de mujeres a ser madres. Con aquella decisión derogatoria de la ley de maternidad de 2016 , el Govern de les Illes Balears estableció recortes sociales y de derechos inasumibles por una sorprendida ciudadanía que no acaba de entender por qué desde las instituciones públicas no se está considerando la maternidad como un bien social digno de protección, y se está privando a las mujeres sin recursos económicas del derecho a su maternidad.
Una sociedad que no protege la vida desde su concepción hasta su muerte natural, es una sociedad sin futuro. Y hacia ella estamos caminando.
Si (
No(
