Las peticiones de indulto para los condenados por el 1-O ya están en el Supremo

El Supremo realizará ahora un informe una vez haya oído la opinión de la Fiscalía y la de Instituciones Penitenciarias: "Cuando el expediente regrese al Ministerio de Justicia se hará una propuesta denegatoria o positiva al Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra", ha detallado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Preguntado sobre si concedería el indulto en contra del criterio del TS y de la Fiscalía, el ministro ha contestado que sería “un desprecio intolerable que un ministro de Justicia se pronunciara antes de que se cumpla la entrega de esos informes preceptivos. Y debo añadir que es una decisión del Consejo de Ministros".

Campo ha explicado que entre la admisión a trámite y la decisión final pasarán de seis a ocho meses, por lo que "iría muy justo en los términos de media" contar con que la petición esté resuelta a principios de febrero, coincidiendo con unas posibles elecciones en Catalunya y ha ha reiterado que "el ministro de Justicia no puede dejar de tramitar los indultos porque estaría prevaricando"

RENOVACIÓN CGPJ

El ministro ha lamentado que no se haya renovado el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras expirar el plazo de cinco años previsto en la Constitución: "Después de dos años de demora, creo que la situación no hace falta ni calificarla. Algo está pasando ahí".

Campo ha añadido: “Cuando el Consejo después de dos años sigue haciendo nombramientos, el ciudadano tiene que preguntarse cosas y no deben gustarle muchas conclusiones a las que llega, y yo participo de ellas" y ha dicho que corresponde al PP clarificar el porqué.

En cuanto a la posibilidad de reformar el CGPJ sin tener que llegar a las mayorías en la actual norma, ha dicho que el Ejecutivo promueve cambios legales para mejorar el ordenamiento jurídico y que estudia "la conveniencia de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para encontrar fórmulas que permitan asegurar el funcionamiento de las instituciones conforme al mandato constitucional".

En todo caso, ha descartado que los nombramientos efectuados por el actual CGPJ con el mandato caducado puedan ser reversibles, porque "el Gobierno quiere reformar le ley del Poder Judicial, pero no va a tomar esa medida".

REFORMA DE LA SEDICIÓN

Sobre una reforma del delito de sedición, ha sostenido que es "un compromiso del Gobierno llevar a cabo la modificación del Código Penal para adecuar las figuras delictivas contra la Constitución y contra el orden público" a la realidad actual y al marco normativo de la Unión Europea.

"El delito de sedición es un delito decimonónico, que se incorpora a nuestro ordenamiento hace casi doscientos años. No podemos tener un Código Penal fuera de la realidad de los países de nuestro entorno", ha dicho.