Sobre las particularidades de la pandemia del COVID 19 vamos aprendiendo a medida que esta va avanzando. De hecho, la meteórica velocidad con la que se propaga el virus es proporcional a la creación de conocimiento y a la rapidez con la que se trasmite la información. Estas circunstancias nos permiten dimensionar, en tiempo real, el número de afectados, la variabilidad de las manifestaciones de la enfermedad, la diversidad de los tratamientos aplicados y su resultado, así como el número de fallecidos. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la ciencia. Despejamos incógnitas y aclaramos controversias a medida que analizamos la nueva información disponible.
Además de evaluar las consecuencias directas sobre los enfermos y el sistema sanitario, este contexto permite cuantificar los intensos y deletéreos efectos indirectos sobre la sociedad, sobre la economía y sobre el tejido productivo. Por si fuera poco, permite visibilizar la arbitrariedad en la toma de decisiones y las dispares consecuencias de estas decisiones sobre la ciudadanía.
Si al tomar decisiones políticas para controlar las consecuencias sanitarias de la epidemia no somos sensibles a las terribles influencias socioeconómicas que derivan de ellas estamos haciendo un flaco favor a los ciudadanos.
Ha quedado claro, en esta segunda oleada, que las disposiciones que se vayan a implantar deben tener muy en cuenta el equilibrio entre el control de la infectividad y el funcionamiento de la sociedad. Vamos a convivir con el virus durante un tiempo considerable. Hemos comprobado que los efectos del confinamiento duran lo que dura el aislamiento. No más.
En muchos momentos de la primera oleada España se mantuvo en el liderazgo europeo de casos de Covid-19 y de fallecimientos en proporción al número de habitantes. Si analizamos el número de infectados y de muertes registradas en Europa durante las últimas dos semanas seguimos en una cota muy alta. Algunos de los errores cometidos en la primera no se han corregido en la segunda oleada.
Tomar decisiones sanitarias y socioeconómicas no consensuadas y aprobar medidas solo con los apoyos de los bloques políticos no es el camino. Se imaginan las medidas impuestas a la Comunidad de Madrid, intentar aplicarlas, en su caso, por la vía de la imposición al País Vasco o a Catalunya. Entonces…, ¿de qué van?.
Soy de los que opinan que el margen de mejora en la gestión de la crisis en Madrid es muy amplio; la arbitrariedad política y las interferencias de los socios prioritarios no son exclusivas en el gobierno de la nación. Sin embargo, para dificultar la gestión de la epidemia en la comunidad más compleja de España por la magnitud de los desplazamientos y de su movilidad, mejor dejen al filósofo, el ministro de una parte de los españoles, aunque sea el mero ejecutor, en casa. Buen finde.
Si (
No(
