El Gobierno de Pedro Sánchez se halla volcado en la preparación de los Presupuestos Generales para 2021. La coyuntura económica y las obligaciones que debe afrontar la Administración empujan a generar más ingresos para las arcas públicas y todo indica que la fórmula elegida pasará por una fuerte subida de impuestos, que tienta a quienes gobiernan, además, para alterar un sistema que no les gusta.
El vicepresidente Pablo Iglesias avanzó esta semana que el borrador de los nuevos presupuestos incluiría "medidas de justicia social" que requerirán una mayor carga fiscal para las rentas altas. La ministra de Hacienda, por su parte, adelantó que el Ejecutivo estudia implantar un IVA del 21 por ciento para la sanidad y educación privadas, entre otras medidas de impacto fiscal.
Nadie duda que el Estado urge recursos para hacer frente a la pandemia y a las necesidades de la sociedad, y que las cuentas de 2021 han de reflejar la respuesta institucional a la crisis. Es más dudoso, sin embargo, que esa repuesta deba pasar sobre todo por la subida de impuestos. Se escuda el Gobierno en que es una de las recomendaciones realizadas por las instituciones europeas, obviando que también se ha reclamado desde Europa una reducción de la administración improductiva que lastra el gasto público en España.
El Gobierno debería explorar otras formas de generar ingresos que pasasen por la creación de riqueza, en lugar de penalizar las economías de particulares y negocios. Y, en todo caso, no instaurar subidas de impuestos con un carácter ideológico tan evidente. Señalar directamente a la enseñanza privada y concertada o a la sanidad privada dice mucho de las intenciones y las obsesiones de quienes gobiernan el país.
No sería de recibo aprovechar la pandemia -y las urgencias económicas que requiere- para imponer ideología. Ya se han quejado de ello colectivos como la restauración o el ocio nocturno con asuntos como las terrazas de bares y restaurantes, el cierre tajante de locales o la prohibición de fumar en la calle, que se teme que en buena parte queden consolidados después de la pandemia. La sanidad y la educación parecen seguirles en la lista, a pesar de que son servicios fundamentales para una sociedad que se pretende de progreso. Encarecerlos cuando son prestados por entidades privadas sólo puede interpretarse si concurre de por medio una profunda intención ideológica que pretenda restringir la libertad de elección, como parece el caso.
De hecho, en lo económico, esta subida de impuestos no parece arrojar unos beneficios tan claros. Más bien al contrario. La propia Airef -la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal adscrita al Ministerio de Economía- concluye que, de producirse el encarecimiento de la enseñanza privada vía impuestos, se produciría un trasvase de alumnos a la enseñanza pública que conllevaría un gasto mayor para las arcas del Estado que el montante que supondría el ingreso extra por la nueva recaudación. Un sinsentido que sólo se explica si lo que se pretende es dinamitar, por la puerta de atrás, un sistema que no gusta a quienes ahora gobiernan. Aunque cueste menos.
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