A golpe de ocurrencia

Aunque cualquier ciudadano tiende a interpretar la acción de gobierno a la luz de su ideología, lo cierto es que las decisiones que adopta el gabinete de Sánchez comienzan a ser objeto de crítica por sectores cada vez más amplios y plurales de la sociedad, incluyendo fieles votantes socialistas.

El diseño del proceso de progresiva vuelta a la normalidad dentro de lo posible está evidenciando la nula coordinación interdepartamental y la permanente improvisación de medidas, a la espera de evaluar la reacción social para, si acaso, rectificarlas.

Ni siquiera podemos hablar de que los textos legales en que se apoyan esas decisiones sean poco claros, porque, en realidad, no se está legislando en sentido formal, sino que se regula la vida y se afectan derechos fundamentales de los ciudadanos a lomos de resoluciones, planes e instrucciones sin el más mínimo valor normativo, lo que, a buen seguro, provocará en un futuro no muy lejano un colapso de nuestro sistema judicial.

El gobierno regula a golpe de ocurrencia. Y honestamente pienso que no lo hace con la intención de complicarnos la vida; lo peor de todo es que pretende hacerlo bien, pero es que no sabe más.
El espectáculo de las ruedas de prensa didácticas del presidente, mechadas de ejemplos desconcertantes, y cuyos anuncios luego no concuerdan con el posterior texto escrito, está desquiciando a juristas y operadores económicos, que ya no saben cómo aconsejar o planificar en esta maraña de confusión en la que están sumidos como consecuencia de la nula claridad e inexistente coherencia de las medidas.

En el ámbito educativo, sin ir más lejos, cuando el Estado debiera ejercer las competencias que la Constitución le atribuye de forma exclusiva para asegurar la igualdad de todos los españoles, resulta que renuncia a ello y nos aboca a diecisiete regímenes distintos de promoción y titulación en secundaria y bachillerato. Posiblemente, un tributo al apoyo de los soberanistas, a los que no se quiere enervar. Lo curioso es que, además, se aconseja desde el ministerio a las comunidades autónomas que incumplan la ley a sabiendas. La LOE y sus reglamentos de desarrollo establecen un régimen de promoción y titulación que no han sido derogados, pero que el ejecutivo pretende que se modifiquen materialmente mediante simples órdenes e instrucciones de las consejerías. A la porra con el principio de legalidad, de jerarquía normativa y de igualdad entre los ciudadanos. Produce escalofríos como, bajo el pretexto de la situación sanitaria que padecemos, el gobierno aproveche para regular al margen y hasta abiertamente en contra de las leyes.

Ello por no hablar de esta demencial planificación de vuelta al cole apresurada e injustificada de los menores de 0 a 6 años, sin posibilidad alguna de que se cumplan las medidas profilácticas y de distanciamiento por razones más que obvias, y sin que el profesorado tenga la más mínima garantía de que no va ponerse en riesgo su salud y la de sus propios alumnos. Desinfectar un centro -que lleva semanas cerrado y en el que, por tanto, no puede sobrevivir virus alguno- es solo una inútil operación cosmética para intentar tranquilizar a la población. El coronavirus no se contagiará por entrar en el colegio o tocar el pupitre que abandonamos hace mes y medio, sino porque un compañero de clase o tu propio profesor son sus portadores.

A todo esto, el gobierno no ha previsto pruebas diagnósticas para docentes y alumnos, como no lo ha hecho para ningún sector productivo; Sánchez y sus expertos lo fían todo a que el clima y la evolución natural de la pandemia les otorgue una tregua hasta el otoño. ¿Y luego?