Bares, restaurantes, peluquerías, gimnasios, hoteles, pequeños comercios... miles de empresas, grandes y pequeñas, se hallan sumidas en un mar de dudas ante la posibilidad de poder reanudar parte de su actividad de acuerdo con el plan de desescalada aprobado por el Gobierno este martes.
Critican las condiciones previstas y la falta de información sobre cómo proceder a la apertura limitada de sus negocios, así como la carencia de pautas claras sobre los expedientes de regulación de empleo temporales. Habrá que esperar a los detalles que recojan las órdenes ministeriales pendientes de publicar en el BOE, pero de momento, la incertidumbre suscitada lleva a muchos de ellos a plantearse no abrir, al menos, hasta que se avance en nuevas fases del plan que permitan mayores aforos y o mejores condiciones.
El plan, anunciado este martes por el presidente del Gobierno, tiene un evidente aspecto positivo que es el de marcar un calendario y aspirar a completar todas las fases de apertura a finales de junio. Es un plan técnico, basado en criterios sanitarios, y que tiene en la recuperación de las relaciones personales y familiares, o las salidas autorizadas del hogar, su gran baza. Las condiciones puestas a los negocios para cada fase, sin embargo, parecen poco prácticas. Hoteles que solo ofrezcan estancias -sin servicio de comedor y con todas las zonas comunes clausuradas- o bares que sólo puedan instalar una o dos mesas en la terraza -con el local interior cerrado al público- no tienen ningún sentido.
Así lo han expresado este miércoles desde grandes patronales a pequeñas asociaciones y autónomos. Su tesis principal: abrir para perder dinero no tiene sentido.
En el caso de Canarias, además, la dependencia económica del turismo y la necesaria conectividad mediante enlaces marítimos y, sobre todo, aéreos -cuya apertura no está prevista en ninguna de las fases del plan gubernamental- confiere tintes de drama a la "nueva normalidad" prevista para las Islas. Nada será normal si no pueden venir turistas de fuera de la comunidad.
El plan requiere aún precisión en los detalles y un apoyo del conjunto de administraciones públicas -desde el Estado a los ayuntamientos- que colaboren, ya sea suavizando normativas o reduciendo impuestos, para que las aperturas de los negocios puedan realizarse de una forma razonable y beneficiosa para todos.
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