La última encuesta del CIS incluía una pregunta sobre si los medios de comunicación deberían limitar sus informaciones a los datos que únicamente sean aportados por "fuentes oficiales". El organismo demoscópico dependiente del Gobierno se ha justificado explicando que ésta podría ser la alternativa a la proliferación de noticias falsas, especialmente en situaciones de gran crisis como la actual.
Sin entrar en valorar por qué el CIS pregunta sobre este asunto -y no sobre otros mucho más presentes en el debate público-, la pregunta resulta especialmente inquietante y debería advertir a los ciudadanos sobre las peligrosas tentaciones de quienes gobiernan por controlar lo que se publica y cómo se publica.
La ficción orwelliana nos describía el Ministerio de la Verdad como único organismo acreditado para dar a conocer los hechos -ciertos o inventados- a los ciudadanos. Distopías aparte, y sin ir más lejos, durante el franquismo, aquí, en España, todas las emisoras de radio debían conectar con RNE para emitir sus informativos horarios. Los más mayores recuerdan "el parte", que era como se conocían popularmente estas emisiones que no eran más que la información tamizada por el régimen, servida únicamente a través de fuentes oficiales. Las del Gobierno.
Superadas las épocas de la censura previa, hoy, la democracia consagra entre sus principales valores la libertad de prensa, mientras que para combatir los bulos, las noticias falsas y las informaciones que conlleven perjuicio a terceros ya existen herramientas legales como el Código Civil o el Código Penal. Limitar la libertad de información ni siquiera puede ser justificado por un ansia paternalista de protección. Al contrario, recuerda mucho a regímenes actuales que dejaron la democracia hace ya algún tiempo y vierte todo tipo de sombras sobre las auténticas intenciones de quienes ahora lo proponen.
Los medios de comunicación tiene la obligación de informar tanto como la de poner en cuestión la actuación de quienes nos gobiernan. Para ello -más allá de las redes sociales y de la responsabilidad individual de quienes la utilizan, que son otro asunto, aunque a algunos parecen querer meterlo en el mismo saco- existen cabeceras y medios consolidados que contrastan las informaciones y que gozan de una credibilidad que, curiosamente, no siempre tiene el Gobierno. Especialmente en una crisis como la actual, donde las "fuentes oficiales" llegaron a afirmar que el coronavirus apenas tendría incidencia en el país o que las mascarillas estarían a disposición de todo el mundo hace ya una semana. Por poner unos ejemplos.
Los medios deben seguir teniendo la libertad para ejercer esa labor de servicio público, de vigilancia y de ponderación de todo lo que sucede y puede ser relevante para los ciudadanos. La realidad, por incómoda que sea, no puede ser hurtada a los ciudadanos y mucho menos por quienes han sido elegidos para representarlos. Ampararse en preguntas teledirigidas por el CIS a la hora de tomar decisiones en ese sentido atentaría directamente sobre la base misma de la democracia.
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