La crisis del coronavirus hace peligrar uno de los pilares fundamentales de la economía española. Con un volumen total de 176.000 millones de euros anuales, el sector turístico representa el 14,6 por ciento del producto interior bruto del país. Genera, además, 2,8 millones de empleos directos, según datos del último informe elaborado por la asociación empresarial World Travel & Tourism Council (WTTC), que no incluye las actividades subsidiarias o indirectas.
El actual escenario pone en riesgo esta fortaleza. El turismo se ve directamente afectado por las restricciones de movimiento y por el temor a viajar que produce la pandemia. La vuelta a la normalidad requiere, además, no sólo la recuperación de los destinos sino de los países cuyos ciudadanos quieran volver a viajar. Así, se estima que la recuperación será muy posterior a la de otros sectores.
Esta preocupación alcanza a los profesionales, pero también a las instituciones. Este lunes, los Reyes escuchaban de primera mano y por videoconferencia los problemas expuestos por los representantes de la CEHAT, quienes de no tomarse medias urgentes dan por perdida la temporada de 2020 en muchas regiones.
Algunos representantes del sector han ido más allá y han lanzado una llamada de socorro que de no ser atendida significará el final de muchos negocios. O las administraciones condonan impuestos y tasas municipales este año -cuando su actividad es inexistente- o, sencillamente, no podrán volver a abrir.
Otro veterano hotelero, Miquel Amengual, reclamaba en este diario una gran campaña de promoción, a fin de a hacer más factible la recuperación de la actividad y beneficiar la competitividad del sector. Y un grande del turismo como es el CEO de Melià, Gabriel Escarrer, pedía "flexibilidad" a la administración para que las empresas turísticas puedan resistir y preparar la recuperación.
Pero no se trata sólo de las grandes corporaciones, sino de un tejido empresarial compuesto en el 90 por ciento por pymes.
Las llamadas para pedir apoyo deberían tener una respuesta inmediata por parte de las administraciones, empezando por aquellas que están más cerca de los destinos, como son los ayuntamientos. Y, a partir de ahí, las demás.
Los riesgos de no atender la llamada son elevados. En la crisis del 2008, una parte importante de activos inmobiliarios quedó en manos de fondos de inversión, con el consiguiente perjuicio posterior para miles de inquilinos. Nuestra industria turística -con el potencial que representan- no debería arriesgarse a seguir ese camino, nefasto para miles de trabajadores y pésimo para el mantenimiento de la sociedad que conocemos.
Así las cosas, el apoyo ha de ser decidido y rápido, por el bien del sector del que depende, directa o indirectamente, toda la economía local.
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