La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo español que afecta a la situación de inmunidad de sediciosos y prófugos independentistas catalanes ha colapsado, literalmente, las rotativas y los platós de los medios de comunicación nacionales y de gran parte del extranjero.
Sin embargo, la información político-judicial prevalente durante la semana ha estado marcada por otros temas. Por noticias que apuntan a mangancias múltiples y variadas. Los casos que han sido noticia afectan directamente a la práctica totalidad de las formaciones políticas que están negociando la formación del nuevo gobierno. Y a organizaciones sociales de su entorno relacionados con la no justificación de fondos públicos, en la que están implicados, asignados por estos mismas formaciones políticas. De hecho afecta a los partidos que se escandalizaron con la “morcilla” que el juez progresista José Ricardo de Prada, amigo del inhabilitado Garzón, dedicó a Rajoy en la Púnica. A la postre, excusa y base para activar la moción de censura que dio el poder a Sánchez y que ha marcado, con permiso de Zapatero, la época de mayor interinidad y desgobierno de la España moderna. Pasen y vean.
Las consecuencias políticas de la sentencia de los EREs, en la que se condenó a más de veinte cargos socialistas, entre ellos a dos expresidentes del PSOE, por la distracción de 780 millones de euros, como es obvio, ha dejado malherida a la mayor federación socialista del país y sus efectos se alargarán en el tiempo aunque una gran parte de medios intentan, curiosamente, pasar desapercibidos sobre la misma.
Buen aperitivo, para acompañar al caso De Miguel, alto dirigente jeltzale, ex líder del PNV en Álava, condenado por prevaricación por el cobro de comisiones por obra Pública. La Justicia ha condenado a los exdirigentes del PNV por la mayor trama de corrupción vasca conocida.
O las nuevas sospechas que pesan sobre Convergencia i Unió por el caso 3%, tal como publica El País, en la construcción de los túneles de la plaza de les Glòries y en multimillonarias adjudicaciones en el Puerto de Tarragona. El caso de CiU y las siglas que le han sucedido no termina aquí. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha apreciado indicios de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en actuaciones realizadas por la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs y la ha imputado por corrupción. De hecho, la Fiscalía consideró que existían indicios "contundentes" de amaño en los contratos que adjudicó a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.
Para no ser menos, todo apunta a que las graves acusaciones, vertidas por ex trabajadores, sobre la cúpula de Podemos, por irregularidades financieras en la reforma de su sede y por la sospecha de cobros de sobresueldos van camino de los juzgados.
Y sin animo de ser exhaustivos, leemos con estupefacción que la Fiscalía pide 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT-A por la trama de las facturas falsas en los cursos de formación. Anticorrupción afirma que el sindicato es "responsable civil subsidiario" de la cuantía defraudada, que se eleva a 40,7 millones.
Y como es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, el Gobierno central en funciones ha intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía una vez aprobado el presupuesto para 2020, con objetivo de déficit cero, por la deficiente gestión de las cuentas de la comunidad realizada por la actual Ministra de Hacienda.
Si aceptamos que mangar representa, en la acepción castellana más conocida, el hurtar o el robar, está claro, que a pesar que la mayoría de políticos, sin ninguna duda, son honrados, muchos se alejan de la moralidad y de la ética, y un número nada despreciable son desaprensivos, desvergonzados y mangantes. Buen finde.
Si (
No(
