Aunque ya conocíamos su más que polémica gestión en Euskadi mientras fue consejera de Educación del gobierno vasco, el nombramiento en su día de Isabel Celaá como ministra había pasado hasta el momento desapercibido y era ciertamente más conocida por su faceta del portavoz del ejecutivo de Sánchez.
Ha bastado, sin embargo, que su jefe anunciase a bombo y platillo su alianza con el populismo podemita para que Celaá sacase a pasear su radicalidad, poniendo de manifiesto, al tiempo, su profunda ignorancia -o su mala fe- al afirmar que el derecho de las familias a escoger centro educativo para sus hijos o una educación conforme a sus convicciones religiosas no dimanaba de las libertades educativas del artículo 27 de nuestra Constitución.
La proclama tuvo lugar ayer, con manifesta intención de provocar y haciendo gala de un nulo sentido de la oportunidad, en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, que se desarrolla estos días en Madrid con asistencia de más de 2000 directivos y docentes de toda España.
Hay que concluir que el sectarismo le provoca ceguera a la ministra, porque precisamente los apartados 1, 3 y 6 del artículo 27 de la Carta Magna consagran esos derechos como manifestaciones constitucionales de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa en la esfera educativa, respectivamente.
Celaá no puede ignorar, además, que los derechos fundamentales -según establece el artículo 10 de la Constitución Española- han de ser interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados internacionales que, sobre estas materias, haya suscrito España.
Los artículos 18 y 26.3 de la DUDH, y muchos otros preceptos similares de tratados europeos y de ámbito planetario, consagran precisamente el derecho fundamental a escoger un centro educativo de acuerdo con las convicciones -religiosas o no- de los padres y a elegir un centro educativo distinto de los creados por los poderes públicos. Solo hace falta leer.
Resulta ignominioso, pues, que Celaá radicalice su mensaje para contentar a sus futuros socios neoestalinistas al tiempo que anuncia su intención de elaborar una nueva ley educativa.
Si, como dijo en Balears el conseller, la intención política del PSOE es la de lograr consensos, han empezado su andadura muy torpemente, aquí y allá.
La enseñanza concertada, que March anunció hace unas semanas en el Parlament que no era 'la suya', pero que quería que se sintiera 'cómoda' -aunque quizás debió decir mejor que se mantuviera silente-, sufre un indisimulado envite en contra de sus fundamentos más esenciales por parte de los gobiernos estatal y autonómico: recortes de la financiación desde hace más de una década, preterición de su profesorado en su interminable proceso de equiparación salarial y acoso ideológico en contra de la asignatura de Religión, entre otras medidas de presión y asfixia.
Lo de Celaá fue lógicamente interpretado ayer como toda una declaración de guerra a la enseñanza católica, de manera que podemos comenzar a olvidarnos de pactos educativos y de leyes consensuadas, porque los centros de la Iglesia escolarizan a más del 35 por ciento de los alumnos baleares y a una cuarta parte del total en el resto de España.
Por desgracia, como ocurre desde 1981, a los ciudadanos solo les quedará sentarse a esperar a que la alternancia política restituya en su día aquello que la radicalización de los socialistas arrebate a las familias y a los colegios de su elección.
Si (
No(
