El Tribunal Supremo británico ha declarado ilegal la suspensión de las sesiones parlamentarias promovidas por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y el cierre de Westminster el pasado 10 de septiembre.
La decisión ha sido tomada por unanimidad de sus once jueces.
Johnson justificó esta clausura de cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, por la necesidad de preparar una amplia batería de medidas de política doméstica para la próxima sesión legislativa. Así lo explicó a la Reina Isabel II, quien aceptó la suspensión de Westminster.
Varios parlamentarios y activistas denunciaron esa maniobra, al entender que el objetivo real de Johnson era evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes a su plan para implementar el Brexit el 31 de octubre.
Tras varios fallos contradictorios en instancias menores, el Tribunal Supremo dictaminó hoy que las razones alegadas por Downing Street no eran reales y el Parlamento debe ser reabierto de inmediato.
Brenda Hale, presidenta del Supremo, ha leído el resumen de la sentencia, donde se califica de "ilegal" la suspensión, ya que persigue impedir la función de control del ejecutivo que debe realizar el Parlamento. "No ha habido justificación de esta medida ante el Tribunal", reza la resolución.
CORBYN EXIGE A JOHNSON QUE DIMITA
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha pedido este martes a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo haya declarado "ilegal" su suspensión del Parlamento.
En una intervención especial durante el congreso laborista en Brighton (sur inglés), Corbyn adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que disponga cuanto antes la reanudación de las sesiones parlamentarias.
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