Pagaremos más por el diésel, patrimonio e impuesto de actividades

Al igual que sucedió con las cuentas públicas de 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto también obligado a prorrogar los Presupuestos de 2018 (elaborados por el PP), ante la falta de apoyos para aprobar el proyecto de ley de las cuentas públicas de 2019 dada la situación política en Cataluña, con el juicio del 'procés' en marcha.

SUBIDA DE IMPUESTOS Y RECAUDACIÓN RÉCORD

Las medidas de gastos recogidas en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Podemos, mientras que las medidas de ingresos comportarán un impacto global de 5.678 millones, que se reduce a 4.489 millones en los PGE de 2019.

La mayor parte de los ingresos derivados de la subida fiscal procederán de las empresas a través de la limitación en las exenciones y el tipo mínimo del 15 por ciento de la base imponible en el Impuesto de Sociedades, que permitirá una recaudación de 1.776 millones, a lo que se sumarán los 850 millones que se obtendrán con la tasa a las transacciones financieras y los 1.200 millones previstos con la 'tasa Google'.

Igualmente, el Gobierno también subirá el IRPF a las rentas muy altas (328 millones); incrementará la tributación del diésel para equipararla a la gasolina, excluyendo a los profesionales del transporte (670 millones de recaudación); elevará un 1 por ciento el Impuesto de Patrimonio (339 millones); limitará los pagos en efectivo (218 millones), reforzará la lista de morosos (110 millones) y aprobará medidas internacionales de lucha contra el fraude (500 millones).

A todo esto hay que descontar la rebaja del tipo del 25 por ciento al 23 por ciento en Sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros (260 millones), la rebaja del IVA de servicios veterinarios al 10 por ciento (35 millones) y la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina (18 millones).

LA NEGOCIACIÓN

El Ejecutivo lleva varios meses negociando con las distintas formaciones para intentar recabar los apoyos suficientes que le permitan aprobar los Presupuestos de 2019, para lo que necesitará al menos los apoyos, además de los seguros del PSOE, de los socios de la moción de censura: Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromis, Nueva Canarias y Bildu. Estas formaciones, salvo Bildu, dieron hace dos semanas en el Congreso su apoyo a la senda de déficit del Gobierno, que relaja al 1,8 por ciento el déficit para 2019 (margen de 6.000 millones) pero fue rechazado por la mayoría del PP en el Senado el 27 de diciembre.

Una vez se apruebe la remisión a las Cortes del proyecto de ley en las próximas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el libro amarillo en el Congreso, a lo que seguirán las comparecencias de los altos cargos y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, para su aprobación final. Posteriormente la tramitación proseguirá en el Senado y finalmente regresará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Entonces, entrarán en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El anteproyecto de ley de PGE de 2019 vendrá acompañado de una actualización del cuadro macroeconómico. La última fue incluida en el plan presupuestario, acordado por el Gobierno con Podemos, y remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre, en el que rebajó una décima la previsión de crecimiento tanto para 2018 como para 2019, hasta el 2,6 por ciento y el 2,3 por ciento, respectivamente.

En cuanto al paro, contempla una reducción de la tasa de paro hasta el 15,5 por ciento en 2018 y al 13,8 por ciento en 2019, en tanto que la senda de déficit del Gobierno eleva la meta de déficit al 1,8 por ciento en 2019, al 1,1 por ciento en 2020 y a cuatro décimas en 2020, frente al 1,3 por ciento, las tres décimas y el superávit fijado por Rajoy, respectivamente. La deuda pública cerrará 2019 en el 95,5 por ciento.

No obstante, dado que la mayoría del PP en el Senado ha rechazado dicha senda, el Gobierno aprobará los Presupuestos de 2019 con los objetivos de estabilidad presupuestaria de Mariano Rajoy y más adelante, y una vez que la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto del Senado viese la luz a lo largo de este año, el Ejecutivo aprobaría su senda y fijaría el déficit en el 1,8 por ciento.

En el plan presupuestario, el Gobierno proyectaba una disminución del gasto total de tres décimas, hasta el 40,9 por ciento del PIB para 2019. En concreto, el gasto en Sanidad se mantendrá en el 6 por ciento del PIB, el de Educación en el 4 por ciento y el de protección social se elevará dos décimas, hasta el 16,8 por ciento.

A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,5 por ciento al 5,4 por ciento del PIB , el de orden público y seguridad del 1,9 por ciento al 1,8 por ciento, y el de asuntos económicos del 3,9 por ciento al 3,7 por ciento, mientras que se mantendrá el de actividades recreativas, cultura y religión (1,1 por ciento), Defensa (0,9 por ciento), Vivienda y servicio comunitarios (0,5 por ciento) y protección del medio ambiente (0,9 por ciento).

LA PRÓRROGA

De esta forma, el acuerdo con los criterios de la prórroga para 2019 de los PGE de 2018 precisa que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan y para obligaciones que se extingan en el mismo.

Asimismo, prevé que la estructura orgánica del Presupuesto prorrogado se adapte, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el Presupuesto deba ejecutarse.

De esta forma, el presupuesto del Estado que se prorroga para 2019 asciende a 277.933 millones, mientras que el presupuesto de los organismos autónomos dependientes de la Administración Central suma 38.949 millones, en total 316.882 millones.

MEDIDAS SOCIALES

Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere dar un impulso a las medidas sociales y para ello los Presupuestos de 2019 recogerán distintas medidas, como la supresión del copago farmacéutico que beneficiará a 5 millones de pensionistas con renta baja y 1,8 millones de personas de familias con pocos recursos.

También contempla el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias (coste de 536 millones); un aumento del 40 por ciento de la dotación de Dependencia (515 millones) y el Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables (Feder) (400 millones).

Otras medidas derivadas del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos que conllevarán gasto son las referidas a permitir ayuda financiera y mejorar las escuelas infantiles; la recuperación del subsidio para mayores de 52 años; la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas.

Las medidas que conllevarán un menor coste serán las ayudas para el material escolar (50 millones), las ayudas para comedor (25 millones), el aumento de las partidas para cultura y cine (20 millones) o las oficinas de despoblación (10 millones).