La consideración de las altas instancias de la justicia española, así como su independencia, que ya estaban en entredicho y muy comprometidos, han sufrido en las últimas semanas una serie de golpes que ya les acercan al desprestigio absoluto.
El penoso episodio de la sala tercera del Tribunal Supremo emitiendo una sentencia, se supone que firme, que perjudicaba a la banca, para ser inmediatamente suspendida por el presidente y desdecirse a los pocos días, cambiando completamente el sentido de la misma, favoreciendo al poder financiero, en una votación de quince a trece, es un capítulo particularmente esperpéntico, que si no tuviera consecuencias tan serias, se podría considerar una astracanada digna de una obra de Pedro Muñoz Seca
Y no ha contribuido a mejorar la imagen de la cúpula judicial española la declaración del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Sr, Carlos Lesmes, que con una pose altiva pidió disculpas en lo que casi pareció más una regañina a los ciudadanos que una auténtica asunción de un error, como mínimo en la forma, en la que se refirió a la desconfianza que se había generado entre la opinión pública como «indebida».
Y para remachar el clavo, acabamos de asistir al espectáculo del reparto de los nombramientos de los miembros del CGPJ entre el PSOE y el PP, lo que es una nueva indicación de la más que dudosa independencia real del poder judicial en nuestra supuestamente modélica democracia parlamentaria.
Sin olvidar que el nombre del nuevo presidente del CGPJ y del TS, que se supone que eligen los vocales, trascendió antes de que estos vocales hubieran sido nombrados, lo que indica claramente su falta de independencia y su sujeción a las consignas de los partidos políticos.
Teniendo en cuenta que los nombramientos de magistrados del TS, algunos del Tribunal Constitucional, los presidentes de la Audiencia Nacional y de sus salas, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas y de las audiencias provinciales, dependen del CGPJ, queda claro que la independencia real de los niveles más altos de la justicia española es una entelequia.
Y para que acabe de quedar claro, acabamos de tener conocimiento del charloteo del portavoz del PP en el Senado, Igancio Cosidó, con sus conmilitones, en el que admite sin ambages los tejemanejes de la negociación con el PSOE y como han conseguido colocar a sus patrocinados y se han asegurado decenas de nombramientos futuros, «fundamentales para el futuro de España». Se jacta incluso de que controlarán en la sombra la sala segunda, que es la encargada del juicio a los independentistas catalanes.
En definitiva, queda claro que los partidos políticos y muy especialmente el PP, buscan ejercer un control efectivo sobre el poder judicial y, por desgracia, vienen consiguiéndolo y, de este modo, desvirtuan, socavan y destruyen la esencia misma del sistema democrático, que por muy modélico que pretendan vendérnoslo, es una impostura con apariencia de democracia formal.
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