Hace unos días estuvimos estudiando con mis alumnos de primer curso de secundaria la realidad plurilingüe de España. Los chavales entendieron a la perfección que en España la lengua oficial es el castellano y que en algunas comunidades autónomas existen otras lenguas que son cooficiales. Lo de la explicación de los derechos lingüísticos del ciudadano recogidos en la Constitución les vino un poco más justo; pero, a tenor de que se trata de jovenzuelos de doce años, tampoco me alarmé demasiado porque algunos otros, a día de hoy, y que ya están bregados en historietas de la vida siguen sin entenderlo.
Para explicarlo de otro modo: hay personas que hacen de la lengua un arma de confrontación cuando la lengua, entendida como habla, se constituye como el uso que hace un hablante de su idioma. Esto es, utilizarla como vehículo de comunicación. Los hay que se creen que su lengua propia es superior o mejor que otra cualquiera. Los hay que utilizan la lengua para hacer política ruin y barriobajera.
Es un error, por tanto, enmarcar la cuestión de la lengua en la acción y gestión política de la educación. Y es un error porque en España, cuatro de cada diez habitantes vive en una comunidad autónoma bilingüe. Así pues, casi la mitad de la población es bilingüe geográfico o lo que es lo mismo, bilingüe por haber nacido en un territorio determinado. Y esto, queridos lectores, es una fortuna.
Es por este motivo que la realidad plurilingüe de España no es una cuestión que se deba abordar desde la educación; se debe abordar desde un punto de vista social. Evidentemente que en la escuela se deben poner las herramientas para que nuestros alumnos conozcan las lenguas con las que conviven, sólo faltaría. Pero ello no es directamente proporcional a que en las escuelas se haga política con la cuestión de la lengua. Tienen que convivir las dos, sí. Tiene que tener más relevancia una que otra, no. ¿Son las normas que tenemos en nuestra sociedad y que regulan el uso de las lenguas las culpables de lo que sucede hoy día en nuestro entorno? No. La culpa es de aquél que intenta hacer política con la cuestión de la lengua. Es culpa que aquél que no aplica el sentido común. Valioso sentido común que en muchas ocasiones es el menos común de los sentidos.
Así pues, cuando escucho argumentos tales como “el catalán se encuentra en situación de diglosia”(o lo que es lo mismo, desventaja frente al castellano), me pongo a llorar de la risa. Todos, jóvenes y adultos, tienen la inmersión lingüística en castellano y catalán al alcance de la mano: medios de comunicación, escuela, asociaciones, rótulos en carreteras, ciudades, etcétera.
Por consiguiente, si aceptamos que la realidad de España es plurilingüe, que la lengua no es un asunto educativo y aceptamos que nuestros jóvenes acaban la etapa educativa siendo competentes en las dos lenguas que se hablan en la comunidad autónoma, ¿por qué no aceptamos que en la escuela que tiene una función de integración social, nuestros escolares aprendan una tercera lengua que les ayude a ser más competentes en la sociedad? Sencilla y llanamente porque hay quien quiere hacer de la lengua una cuestión política. Y así, nuestros alumnos no podrán ser libres. Y todos alzamos la voz y proclamamos el principio de libertad desde 1789, pero no todos se creen lo que dicen. O, al menos, se lo creen a medias.
Si (
No(
