Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a estos vigilantes? La frase, atribuida al poeta romano Juvenal, que se refería a la posible falta de probidad de los custodios de las mujeres en el desempeño de su tarea, se suele aplicar hoy en día, sobre todo en los ámbitos de la política y la sociología, a la problemática del control del poder y de los contrapesos necesarios para un correcto funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, del respeto a los derechos de los ciudadanos, severamente limitados, o totalmente anulados, en los regímenes autoritarios y deteriorados en los sistemas democráticos afectados por la corrupción y el abuso de poder.

En los sistemas democráticos sanos, la garantía del correcto funcionamiento de las instituciones públicas y del control del abuso de poder se deposita en la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y en el mutuo control entre ellos. Es especialmente importante el control del poder ejecutivo, ya que constituye el gobierno y dispone de las fuerzas policiales y armadas, por lo que es singularmente decisivo vigilar que no incurra en excesos que comprometan o corrompan su deber de servicio al país.

En España, debido a las peculiaridades de la ley electoral, el ejecutivo controla “de facto" al legislativo, por lo que el poder judicial aparece como el único contrapeso real al gobierno.

Los jueces y magistrados deberían velar por los derechos de los ciudadanos, por que no se vean menospreciados o pisoteados por las corporaciones poderosas y menos aun por la propia administración pública y también deberían proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque en caso contrario los ciudadanos estaríamos desamparados e inermes ante los abusos de la administración.

Pero los jueces también deben ser vigilados, tarea que recae en el Consejo General del Poder Judicial, que es el encargado de velar por la correcta actuación de jueces y magistrados. Pero las dudas aparecen cuando los miembros del Consejo son nombrados por el Parlamento y cuando observamos que su composición y, lo que es peor, muchas de sus decisiones, reproducen las mayorias parlamentarias.

Y las dudas siguen cuando depende del Consejo y sus mayorías miméticas de las parlamentarias, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los tribunales superiores de las comunidades autónomas, así como algunos miembros del Tribunal Constitucional, siendo el resto del TC elegido.

Cuando todo indica una injerencia generalizada del poder político en el judicial, especialmente en el órgano encargado de la vigilancia y control de los jueces y en las más altas instancias de la judicatura, es cuando empezamos a preguntarnos “quis custodiet ipsos custodes".

Y ¿quién nos protege a los ciudadanos?