El triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez y su consiguiente investidura automática como presidente del gobierno de España, ha desatado una oleada de críticas, opiniones y comentarios cáusticos, agresivos, virulentos y despectivos por parte de los partidos políticos de la derecha, y ultraderecha, española, de los periodistas y opinadores de los medios de comunicación de Madrid, y algunos periféricos, así como del denominado “establishment” económico, empresas del Ibex 35 y alrededores, patronales y algunas agencias de cualificación, lo que en los países del antiguo bloque comunista se denominaba el “complejo militar-industrial”.
Las críticas se centran de un modo especial en la supuesta desestabilización económica que provocará la inestabilidad política que será consecuencia inevitable de la debilidad parlamentaria del gobierno, debido a que solo cuenta con el apoyo seguro de sus poco más de ochenta diputados, y necesita el de los sesenta y siete de Podemos y confluencias y los casi treinta de los soberanistas periféricos vascos, catalanes y valencianos. Y se considera que esos apoyos son perniciosos porque supondrán concesiones inaceptables, desde el punto de vista económico en el caso de Podemos (y el PNV) y desde el punto de vista nacionalista español en el de los soberanistas periféricos.
Nada se dice de la necesidad de limpieza y regeneración democrática provocada por la corrupción inherente del PP, nada de la infame labor de gobierno del gabinete de Rajoy, nada de la agresión a los derechos ciudadanos básicos, a los derechos laborales y sociales, al derecho a la tutela judicial efectiva y, en definitiva, ni una sola crítica. Está claro que a los altos niveles del poder económico, empresarial, bancario y a sus adláteres mediáticos solo les preocupan los índices bursátiles, la prima de riesgo, el control de la inflación y el resto de indicadores macroeconómicos, que reflejan el estado de su riqueza.
Y sin embargo, la debilidad de sus apoyos parlamentarios y la necesidad de llegar a consensos con múltiples fuerzas políticas, con intereses e ideologías políticas muy diferentes, incluso divergentes, puede ser una oportunidad para afrontar lo que es más necesario y urgente, revertir algunas de las más infames políticas del ya fenecido gobierno del Partido Popular.
Por supuesto que no hay posibilidad de llegar a acuerdos en determinados temas en los que la distancia es casi infinita. La oportunidad que se presenta es la de pactar aquellas cuestiones en las que hay un acuerdo casi unánime, con la excepción de la derecha carpetovetónica y el complejo militar-industrial, como por ejemplo derogar la ley mordaza, derogar el decreto que limita el acceso universal a la sanidad, revertir la reforma laboral, al menos sus aspectos más regresivos, revisar determinados tipos penales, reformar la ley del alquiler, y otras muchas y, de ese modo, restaurar una parte del estado democrático y del bienestar que tanto ha lesionado el gobierno Rajoy.
No es esperable, por supuesto, que este gobierno socialista pueda durar lo que queda de legislatura, pero sí el tiempo suficiente, un año o año y medio, para restituir, al menos en parte, la salud democrática y social de España y poder convocar elecciones generales en mejores condiciones que las actuales.
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