El ministro Montoro ha entrado como un pulpo en un garaje en el tema de la financiación ilegal o no del llamado procés catalán.
El pasado lunes en una entrevista en un diario de tirada nacional, el ministro dijo: “No sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, recordemos que su departamento, el Ministerio de Hacienda, tomó a mediados de septiembre pasado el control de los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat para asegurarse de que ninguno de ellos se destinaba al referéndum.
El juez Pablo Llarena ha pedido al bocazas de ministro de Hacienda que le aporte datos y detalles objetivos que demuestren que la Generalitat no financió el referéndum del 1 de octubre con fondos públicos en los que basa su afirmación de que en la consulta independentista no se cometió malversación, uno de los delitos que atribuye a todos los miembros del anterior Govern.
Recordemos que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart, a los que también procesa por malversación junto con los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
La afirmaciones del ministro resultan especialmente relevantes dado que Hacienda se encuentra personada en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado por la presunta existencia de un delito de malversación de caudales públicos.
¿Fue un calentón de boca del Ministro, o sabía de verdad lo que decía?, ¿fue consciente de haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania?.
En el informe que la Guardia Civil remitió al juez Pablo Llarena, se cifra en 1,9 millones de euros en total los fondos públicos que el Govern destinó presuntamente a la organización del referéndum de independencia del 1-O.
En su informe, el instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: cerca de 980.000 euros destinados al gasto de los servicios postales de Unipost, otros 61.879 para carteles de publicidad, 217.656 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.
¿Cómo se compagina lo dicho por el ministro y el informe de la Guardia Civil?, ¿tan mal ha controlado las cuentas intervenidas como para que haya volado, haya desaparecido la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados?, ¿es este el control que realiza la aplicación del tan manido artículo 155 sobre los dineros de la Generalitat?
Tanto si lo manifestado por el ministro Montoro es un simple calentón de boca como si el control ejercido sobre las cuentas intervenidas ha sido tan malo como para que pudieran sustraer de forma ilegal tal cantidad de dinero, el ministro debe ser cesado inmediatamente que se comprueben todos los extremos de este desafortunado tema.
Quien tenga las respuestas que las exponga sin falta. ¿Montoro que es?, ¿es un irresponsable, un imprudente, un insensato?, ¿o es solo un simple bocazas, que en el fondo y en la forma, es un independentista catalán infiltrado en las hordas constitucionalistas?.
Si (
No(
