Hay ocasiones en que los políticos parecen buscar a todo trance ser el centro de atención aun cuando el objeto de sus disensiones no dé ni para medio debate social. Porque lo cierto es que en un porcentaje abrumador, superior al ochenta por ciento, la población española está totalmente a favor de mantener la pena de prisión permanente revisable que se introdujo en nuestro código penal a comienzos de 2015. En consecuencia, ¿a quién le interesa esta discusión? Desde luego, a los españoles, no.
Que los catedráticos de derecho penal dediquen su tiempo a desmenuzar estas cuestiones les va en el sueldo, aunque, en general, la utilidad práctica de sus análisis y disecciones para el derecho positivo sea la misma que la del toreo de salón para la práctica de la tauromaquia.
Racionalmente, pues, cuesta entender por qué un partido 'de gobierno' como el PSOE se suma alegremente y por supuesto amor a la justicia a la tesis revisionista del PNV -otro que tal-, para acabar todos ellos -intencionalmente o no- alineados con Podemos en la defensa de los intereses de los criminales más abyectos y a favor de una mayor lenidad en el castigo de sus delitos.
Cuanto más se afanan en argumentarlo, más inexplicable resulta para los ciudadanos.
Los defensores de la supresión arguyen falacias como la de que la prisión permanente no ha evitado crímenes como el reciente asesinato del menor Gabriel Cruz, como si la única finalidad de las penas fuera la preventiva y como si, sensu contrario, otras penas más leves sí hubieran podido disuadir a Ana Julia Quezada de delinquir.
La realidad es que el PSOE de Sánchez lleva tiempo malgastando sus esfuerzos en todo aquello que su líder piensa que eventualmente pueda erosionar al partido del gobierno, especialmente si se trata de asuntos que remotamente puedan contribuir a forjar una imagen del PP que avale el identificarlo como un partido de la extrema derecha rancia y extraeuropea, verdadera obsesión de toda nuestra izquierda. Lo de menos es el qué, lo importante es contra quién. Lo que sucede es que en este asunto sólo los radicales les apoyan. Por no contar, los socialistas españoles ni siquiera cuentan con el ejemplo de otros países europeos. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca o Suiza tienen penas similares para los crímenes más graves, solo que en esos países la izquierda no juega al guerracivilismo permanente.
Nuestro sistema penal, y aun más nuestro sistema penitenciario, adolecen de gravísimos defectos y carencias, pero ninguno de ellos está relacionado con la pena de prisión permanente revisable, que hasta la fecha se ha aplicado solamente a un único supuesto de doble parricidio. Ya me explicarán si esto da como para organizar sesiones plenarias en el Congreso.
El problema de nuestro sistema punitivo es que discrimina fatal entre aquellos reos de delitos sin especial peligrosidad social y aquellos otros que son materialmente irrecuperables, aunque el buenismo constitucional parta de la falsa premisa de que todo delincuente es un ser descarriado susceptible de reintegración social.
Nuestro sistema abusa de la prisión, y ésta es inútil como sistema general de reinserción en casos de delitos no violentos, porque no ataca en absoluto los problemas de base que alimentan estos comportamientos. La cárcel es un semillero de delincuencia común, un apartadero infame cuya única utilidad es la de quitar de la circulación a algunos individuos peligrosos.
Esta finalidad solo tiene sentido si de crímenes violentos estamos hablando y, por tanto, la necesidad social de una pena como la prisión permanente revisable para los delitos de sangre más abominables es, pues, incuestionable. Al menos, para cuatro quintas partes de la ciudadanía, votantes socialistas incluidos.
Si (
No(
