Este domingo el magazine del diario La Vanguardia publicaba una muy interesante entrevista con Pedro Alonso, el médico español que desde 2014 dirige el programa mundial contra la malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra. Como investigador, el Dr.Alonso ha dedicado muchos años al estudio de la enfermedad, trabajando “in situ” en zonas endémicas de África, sobre todo en Mozambique y ha formado parte de los equipos que han desarrollado la vacuna que empezará a administrarse a gran escala a niños de seis meses a cinco años en tres proyectos piloto en tres zonas de alta endemicidad del este (Kenia), oeste (Ghana) y sur (Malaui) del continente africano.
En la entrevista el Dr. Alonso hace algunas reflexiones muy interesantes sobre el tema de los movimientos antivacunas y la primacía de los derechos colectivos sobre los individuales en materia de salud pública. Expone que en su opinión los movimientos contrarios a las vacunas incurren en una irresponsabilidad criminal y que los poderes públicos deberían actuar contra ellos con mucha más severidad, porque la decisión de no vacunarse, o no vacunar a los hijos, supone poner en peligro a toda la comunidad y lo hace sin ninguna base científica que justifique los pretendidos riesgos de la vacunación.
En efecto, el beneficio de las vacunas es doble, individual y colectivo. A título individual, confieren a la persona vacunada protección contra las infecciones o enfermedades infecciosas incluidas en cada vacuna y, a nivel colectivo, cuando se consigue, con la vacunación masiva, que el porcentaje de población inmunizada supere el 90 %, se produce la “inmunidad de grupo”, ya que el agente infeccioso deja de circular y, de ese modo, toda la población queda protegida.
La existencia de la inmunidad de grupo es especialmente importante, ya que hay personas que, por circunstancias concretas, sobre todo por padecer inmunodeficiencias o enfermedades inmunodepresoras, no pueden ser vacunadas o pierden la inmunidad si lo habían sido. Para ellos, la protección que les otorga las inmunidad de grupo es crucial, ya que, al no tener defensas personales, si el microorganismo se transmite entre la población, se encuentran en máximo riesgo de contraer la infección.
Negarse a vacunarse o a vacunar a los hijos es, por tanto, un gesto irresponsable y profundamente insolidario, ya que se pone uno mismo o, peor, a los hijos, en riesgo de contraer las infecciones, por otra parte se aprovecha de la inmunidad de grupo garantizada por los que sí se vacunan para tener protección y, además, se pone en riesgo esa misma inmunidad de grupo al disminuir el porcentaje de población vacunada, lo que supone un grave peligro para aquellas personas que no se pueden vacunar y que, por tanto, dependen enteramente de ella para su protección.
El Dr. Alonso aboga sin ambages por la imposición de sanciones contra quienes no vacunen a sus hijos, como la medida tomada por Francia, por ejemplo, que prohíbe acudir a la escuela a los niños no vacunados. Quizás es una medida excesiva que les penaliza doblemente, ya que, sobre no estar inmunizados, no pueden recibir una enseñanza reglada ni socializar con los que deberían ser sus compañeros y amigos. Pero también es cierto, como demostró el desgraciado caso de hace un tiempo del niño muerto de difteria en Catalunya, que para un niño no vacunado, el contacto con otros niños que pueden ser portadores del microorganismo, que a ellos no les afecta porque están protegidos, es un peligro muy real.
Nuestros gobernantes y, sobre todo, nuestros legisladores, deberían iniciar una reflexión y un debate públicos, basados en criterios científicos y éticos y no en supercherías pseudocientíficas, acerca de los límites de los derechos individuales respecto de los colectivos y de la posibilidad de introducir una legislación que concrete la prevalencia de la salud pública sobre las decisiones individuales y el establecimiento de medidas sancionadoras para quienes opten por la insolidaridad y por poner en riesgo a sí mismos, a sus hijos y a toda la sociedad.
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