El colectivo de jubilados y pensionistas de España, unos 9.000.000 personas, empieza a estar hasta la coronilla, o sea a estar quemado, enfadado, descontento, harto, molesto, cabreado, mosca, mosqueado, hasta las narices, con la actual política de recortes, de austeridad y de disminución sistemática, cruel y antisocial del montante de las pensiones públicas y de la burla sistemática de las entidades bancarias, aseguradoras que de nuevo están desarrollando una campaña a favor de las pensiones privadas contra las pensiones públicas metiendo el miedo en el cuerpo a todos aquellos pensionistas que con estas malhadadas campañas y creyéndose las patrañas que cuentan ven peligrar sus pobres pensiones, a la vez que con lo misérrimas que son sus entradas económicas saben que no pueden costearse una pensión privada.
El próximo jueves día 26, numerosas asociaciones de pensionistas y jubilados de toda España, encuadras en la Coordinadora Estatal vamos a manifestarnos en todas la capitales de provincias y de comunidades autónomas, además de en numerosas ciudades más, para exigir que se nos tenga en cuenta, que se respete nuestro esfuerzo en mantener y aumentar el Estado de Bienestar del que aún gozamos y se nos devuelvan los derechos que nos están robando desde hace diez años.
Mientras que la mayoría de directivos, empresarios y expertos entrevistados por la consultora PriceWaterhouseCoopers, apuestan por un crecimiento del 2,9% en 2017 y un 2,6% en 2018 y a pesar de la buena marcha del momento coyuntural, les preocupa y mucho, el actual sistema de pensiones. De hecho, el 63% de los más de 350 expertos consultados asegura que “no es viable y deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad” y consideran de forma mayoritaria, un 86%, que al sistema actual no le quedan más de diez años de vida y un 42,5% cree que le quedan menos de cinco", aunque, en su descargo, hay que recordarles a estos visionarios que ninguno de ellos previó la crisis bancaria del año 2007 que engendró la explosión de crisis mundial que venimos padeciendo desde entonces.
Al mismo tiempo que los expertos pagados por la gran patronal, por las aseguradoras y por las entidades bancarias vaticinan el desembarco a sangre y fuego y con todos los males a los cuatro jinetes del apocalipsis sobre las pensiones públicas en España, la responsable de la misión en España del Fondo Monetario Internacional (FMI), Andrea Schaechter reclama limitar todo lo posible la revalorización de las pensiones, prolongar la vida laboral más allá de los 67 años y que se mejoren los incentivos para los planes de pensiones privados para mitigar la pérdida de poder adquisitivo, y a la vez es especialmente beligerante con la revalorización de la nómina de las pensiones, así dice: “La posición del FMI sobre el sistema de pensiones es que la pensión sólo crezca un 0,25% como marca la ley, y se opone a incrementos mayores".
En contra partida, Guy Standing, gurú de la renta básica, cofundador de la Red Global de Renta Básica, autor de libros como La Corrupción del capitalismo (Pasado & Presente), y profesor de Economía de la Universidad de Londres afirmaba anteayer mismo a los alumnos de Economía y Empresa de La Universidad de Oviedo, en el marco de la conferencia “Renta Básica Universal ¿Cómo implantarla?" que: Algunas de las teorías sobre la renta básica y el mantenimiento de las pensiones públicas también son muy criticadas como utopías inasumibles que la sociedad del bienestar no se puede permitir. Sin embargo, para Standing son argumentos “falsos” y aludió que es cuestión de prioridades. “Queremos que siga creciendo esa desigualdad? Lanzó, intentando buscar la reflexión entre los estudiantes y oyentes. Y, a renglón seguido, el mismo dio la respuesta. “Cuando llegó la crisis, allá por el 2007, todos los Gobiernos encontraron dinero para dárselo a los bancos, a los que nos habían metido precisamente en esa situación, así qué dinero hay… Entonces, ¿Qué tipo de justicia es esa?”.
Mientras tanto el Gobierno socialista de Portugal mejoró y actualizó las pensiones y las ayudas sociales en el año 2016. Pensiones y ayudas sociales que se habían recortado o congelado entre los años 2011 y 2014. Esta actualización tuvo un coste de 173 millones de euros, equivalente al 0,1% del producto interior bruto portugués.
Y entregó, hoy hace ocho días, en el Parlamento su borrador de los Presupuestos del Estado del año 2018, que incluye una reducción de los impuestos sobre la renta de los trabajadores y una subida de las pensiones, entre otras medidas. Con ello y por tercer año consecutivo, (tres de tres años que lleva de gobierno) el Gobierno socialista de Portugal apuesta por algunas medidas que permiten recuperar rentas, con una menor carga fiscal y un aumento de las pensiones.
Es de destacar que la recuperación de rentas en Portugal también llegará a los pensionistas por otra vía, que sufrirán un aumento extraordinario de entre 6 y 10 euros a mediados de año, además de la actualización anual en base a la inflación, mientras que en el caso de las empresas, el Gobierno portugués mantiene las contribuciones extraordinarias que pagan los sectores de la banca, la energía y las farmacéuticas.
Como para tomar ejemplo.