La economía entra en el “procés”

Puede que Cataluña llegue a ser algún día independiente pero todavía no ha llegado el momento. Las cosas no se han hecho como deberían para que una región europea se independice. Por lo menos en el siglo XXI.

"No hay mayor desprecio que no hacer aprecio", dice un viejo aforismo castellano, también cierto para los catalanes. Eso deben haber sentido los nacionalistas moderados de clase media que han visto cómo el gobierno central ha hecho oídos sordos a sus pretensiones. La fábrica de independentistas catalanes arrancó con fuerza tras las ilusiones frustradas del Estatuto catalán tumbado por el Tribunal Constitucional en 2010 y remató la faena la crisis económica que se cebó con muchos puestos de trabajo de la clase media y baja. Se culpó al gobierno español de algunas decisiones y la corrupción hizo el resto.

Si la crisis generó independentistas, en momentos de bonanza se calman sus ánimos. Existen estudios que relacionan la creación de empleo tras la crisis con el enfriamiento del fenómeno independentista. Pero también se han tomado decisiones que han remado en sentido contrario al tocar la fibra emocional. Las cargas policiales del 1-O acabaron de animar a los indecisos. Nunca se debería haber pegado a nadie. Contención para salvaguardar la Constitución, sí. Acciones preventivas para abortar el referéndum ilegal, sí. Pero porrazos, no. Y menos si no se iba a lograr el objetivo de evitar votar. Por mucho que la reacción se califique de proporcionada. La proporcionalidad es un término relativo y, como tal, dependen del ojo que las observa, convirtiéndose en desproporcionadas para muchos y empleándose como carnaza para ganar adeptos que dudaban sobre si secundar la independencia.

Nadie debería entrar en prisión en los próximos días. Por mucho que el código penal contemple la figura de “reos de sedición”. Eso les convertiría en mártires y radicalizaría más al menguante grupo de nacionalistas no independentistas que queda. Se deberían imponer medidas de carácter económico para enfriar los ánimos. Medidas de carácter pecuniario a los responsable. Son más efectivas y silenciosas que la cárcel y las cargas policiales. La efectividad viene derivada de la querencia que todos tenemos por nuestros ahorros.

Debido a su posición geográfica y puerto marítimo privilegiados el pueblo catalán ha demostrado ser cuna de grandes empresarios y comerciantes desde hace siglos. Desde siempre han llevado a cabo fructíferos negocios y, en muchos casos, la acumulación de liquidez les hizo convertirse en prestamistas. Entienden de dinero como el que más.

Como en los inicios de toda relación, en el procés, a medida que se enfría lo pasional, llega lo racional y, por supuesto, lo económico. El problema es que, de un bando manera calculada como tórpemente del otro, se toca el resorte de lo pasional.

Tras la votación, los independentistas más moderados están empezando a ver las cosas de otra manera. Las empresas están abandonando en tropel sus sedes centrales de Cataluña por miedo a la inseguridad jurídica de la posible declaración de independencia. Al irse dejan de pagar impuestos en Cataluña para trasladarlos a otros lugares. Tanto ellos como el personal que pudiera desplazarse a la nueva sede central. No es tanto el volumen de impuestos que quedan en la región como la imagen internacional negativa que se proyecta y recogen inversores internacionales.

Los bancos se empiezan a ir porque quieren seguir amparados por las garantías europeas como el Fondo de Garantía de Depósitos y dar tranquilidad a sus clientes. Los ahorradores catalanes ven peligrar sus depósitos en caso de independencia y están provocando un movimiento de capitales hacia entidades más seguras, fuera de su tierra. Los inversores ven como las acciones en empresas catalanas van perdiendo valor y lo ganan con el simple anuncio de traslado de sede a otra Comunidad Autónoma. El Círculo de Economía de Cataluña, grupo de presión empresarial de primer orden, ha mostrado su máxima preocupación por la pérdida económica a nivel macro y micro que tendría lugar en caso de independencia. Y los ciudadano, incluso parte de los que votaron "sí" con el corazón el domingo pasado empiezan a dudar del sentido de su voto cuando lo hacen con razón y pensando en su economía familiar.

Cataluña vende el 75% de su PIB fuera y, de salir de la Unión Europea, estarían sometidas a aranceles que encarecerían el producto y reducirían sus ventas. Menos ventas implican menos empleo. Se estima que una salida de la Unión Europea provocaría una caída de un 20% en el PIB catalán. También se perderían subvenciones, créditos y otros fondos europeos. Un 19% del PIB perdería España con la separación de Cataluña.

Con la independencia no pactada de Cataluña todos pierden. El razonamiento económico se vuelve a imponer. Nos encontramos ante el dilema del prisionero, herramienta aportada por el premio Nobel de Economía John Nash. La conclusión de este modelo es que la no cooperación conlleva pérdida para todos. La cooperación es la mejor solución para ambos y ésta empieza por la negociación. Y la negociación es diálogo. Sin mediadores ni intermediarios. La política debe encender la chispa. La economía seguirá el proceso negociador.

Ni el Gobierno ni el Govern han mostrado hasta ahora voluntad firme de dialogar. Aun hay tiempo. Si ambos deciden salvar este matchball y salir de su inmovilismo actual para negociar, podrían llegar a pactar elecciones anticipadas tanto a nivel autónomico como estatal para adaptar los Parlamentos a las exigencias del pueblo y nombrar nuevos interlocutores. También se podría llegar a pactar un referéndum con garantías (mayorías cualificadas, censos y vigilancia adecuadas) que abra la posibilidad de reformas constitucionales. Aún estamos a tiempo.

Pero el modelo económico planteado requiere que ambos negocien. Si Madrid quisiera negociar y Cataluña no, se provocaría una fractura social importante donde la corriente silenciosa del voto no independentista recuperaría miembros perdidos y saldría a la calle generándose conflictos y enfrentamientos de todo tipo. La fractura sería total.

Si Cataluña quisiera negociar pero Madrid no, el número de independentistas se incrementaría y también se generaría fractura social, además de medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución u otros peores. Sería un escenario no deseado.

La cooperación es, pues, el mejor camino para ambos. Y ésta empieza por el diálogo. Un diálogo que debería haber existido desde hace años. Tras la política, la economía hará el resto, siempre y cuando no se toque lo emocional y prevalezca lo racional. Lean el modelo del dilema del prisionero, señores políticos.