El proyecto de ruptura puesto en marcha por algunos partidos políticos, y entidades multisubvencionadas, bajo la tutela proetarra, para declarar la independencia de Cataluña, en contra del ordenamiento constitucional, la historia, el sentido común, la convivencia y la solidaridad, supone la mayor crisis que ha sufrido nuestra nación desde la II República. Al igual que en ambos periodos republicanos, recordemos las insurrecciones cantonalistas en la I República, vuelve a ser la constante cesión a la minoría nacionalista la causa principal de esta crisis.
El proyecto separatista ha provocado la fractura en la sociedad catalana y española con enfrentamientos que se acentúan ante la provocación de algunas de sus instituciones. El paso del tiempo ha aumentado esta fractura por el continuo adoctrinamiento, principalmente a través de la enseñanza, contra la idea de España, dándonos la razón a los que lo denunciamos desde hace años, sin que ningún gobierno de la nación haya solucionado este grave problema que lastra nuestro futuro.
Las lenguas regionales, algunas autóctonas, otras inventadas, son los instrumentos principales para imponer el nacionalismo excluyente. El español es la lengua que se relega a un segundo plano impidiendo el deber y derecho de todos los españoles de conocerla y usarla, no sólo en la Administración autonómica catalana, sino en todas aquellas con régimen de cooficialidad lingüística. Llegando a extremos aberrantes y totalitarios como multar a comercios por rotular en castellano, obligar a las empresas privadas a contratar personal según requisitos lingüísticos, no poder acceder a un trabajo público por exclusión lingüística, impedir la escolarización en la lengua oficial del Estado, o prohibir a los profesores dirigirse a los alumnos en español desde la educación infantil.
El incumplimiento de las leyes respecto a las libertades ciudadanas, a los símbolos nacionales que nos representan a todos y las ofensas que éstos sufren no reciben oportuna respuesta por parte de un sistema judicial, politizado en sus altas instancias.
Asistimos a un recorte en las libertades individuales consagradas en nuestra Constitución en un contexto de crisis institucional, cultural y social. Una crisis nacional.