Escribía la semana pasada que ante la gravedad de la discriminación lingüística, que afecta directamente a 16 millones de españoles e indirectamente a toda España, las entidades de la sociedad civil que defendemos la libertad lingüística nos hemos organizado de forma conjunta, elaborando una propuesta de ley nacional que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, para llevarla al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo haremos bajo el paraguas de una nueva entidad: “Hablamos Español”, que informará y llamará a la sociedad española a participar.
Con esta ley queremos lograr básicamente lo siguiente:
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Queremos que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura.
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Queremos ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística.
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Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el español en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países.
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Queremos que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial.
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Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial.
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Queremos que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública, en el acceso a los concursos, o a la función pública.
El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España, por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas, por ejemplo, no pueden escolarizar a sus hijos en español, provocando fracaso escolar, abandono o separación de familias al trasladar a los niños a comunidades autónomas donde puedan escolarizarlos en la lengua oficial del Estado. Son consecuencias del totalitarismo nacionalista.
Sabemos que será difícil. Quienes llevamos tiempo trabajando en esto de forma altruista sabemos que detrás de la aparente promoción y conservación de las lenguas regionales hay intereses políticos y también económicos. La mejor demostración de estos intereses la encontramos en Baleares donde no se promociona la lengua regional sino que se impone la de Cataluña.
Sabemos que intentarán ponernos mil trabas, pero tenemos muy claro nuestro objetivo. Queremos que se garantice el derecho de los hablantes de las lenguas regionales, por supuesto, pero también queremos que se respete el derecho a usar y ser educado en español. No queremos ser los perjudicados por el mercadeo político. Que se conciencien de ello todos los partidos que se han echado, por acción u omisión, en brazos del nacionalismo, que son prácticamente todos los que hoy en día cuenta con representación parlamentaria, especialmente los llamados “de izquierda”, olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas.
Tenemos que entregar 500.000 firmas acreditadas, ante el Parlamento. Ya hemos empezado a organizar equipos y a recaudar los fondos necesarios para poner en marcha la campaña de recogida de firmas. Nuestra la libertad, la de todos, nos va en ello.
Si (
No(
