Una investigación que comenzó cuando las operadoras de telefonía en España se percataron de un tráfico de llamadas a números de tarificación adicional poco habitual en un tramo horario concreto.
Se trataba de llamadas automáticas que los teléfonos realizaban por la noche sin que el usuario se percatara y que se hacían a través de una aplicación aparentemente normal que lograba apagar el teléfono y quitarle el sonido mientras efectuaba la llamada, con un máximo de tiempo de media hora.
Para que los usuarios se descargaran las aplicaciones maliciosas, la trama descubierta, que operaba a través de empresas legales y otras pantalla, utilizaban el nombre y los logos de otras muy conocidas o enganchaban al usuario con nombres como "la linterna molona", los "mejores trucos para evitar la calvicie" o los mejores vídeos pornos.
USO DE LOGOS DE APLICACIONES CONOCIDAS PARA DAR CREDIBILIDAD
Para conseguir que los usuarios se descargaran las aplicaciones empleaban el nombre y los logos de otras muy conocidas. Además de ello, las anunciaban como gratuitas en redes sociales, páginas webs, etc., cuando en la realidad, cobraran una vez completada su instalación en el teléfono móvil.
Básicamente existían dos tipos de aplicaciones, unas que realizaban llamadas en modo silencioso a números de teléfono de tarificación adicional (líneas 803X), y otras, que enviaban SMS a líneas de mensajería “Premium”. Además, y dado que estas aplicaciones eran configurables remotamente, ante cualquier queja o sospecha de las autoridades, la organización las desactivaba o eliminaba.
Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos que mostraban las aplicaciones de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, esquivando así la labor inspectora y de control realizada por estos.
Para asegurarse la continuidad delictiva explotaban gran cantidad de números cortos de SMS “Premium” y números de tarificación adicional, cedidos por un operador de telecomunicaciones establecido en Barcelona, que resultó ser uno de los máximos responsables de los hechos investigados, facilitando, consintiendo e incluso ocultando su uso real a los organismos que controlan estos servicios.
Es significativo el gran volumen mensajes, ya que con solo 20 números de suscripción, generaron más de 21.000.000 de SMS Premium.
Buena parte de las sociedades que explotaban los servicios estaban afincadas en el extranjero, habiendo creado una red de sociedades que sirvieron como instrumento para sacar el dinero defraudado de nuestro país, haciéndolo circular por paraísos fiscales e introduciéndolo nuevamente a sociedades en España. Para poder hacer uso de los beneficios obtenidos, se creó expresamente un entramado societario con más de 10 empresas en diversos paraísos fiscales como Luxemburgo y Andorra, o en lugares con beneficios fiscales como Hong Kong.
Con la colaboración de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) se pudo canalizar más de 40.000 quejas contra los números Premium investigados.
MICROESTAFAS TELEFÓNICAS
Este tipo de hechos tienen su origen en lo que se denomina “Microestafas de telecomunicaciones”, que tienen como objetivo conseguir pequeñas cantidades económicas de miles de víctimas que ante la escasa cuantía del perjuicio sufrido no suelen denunciar los hechos, o cuando denuncian, son tratados como hechos aislados, lo que conlleva que los procedimientos judiciales, en el mejor de los casos, acaben en un juicio por delito leve, lo que se resolvería con multas o leves sanciones; mientras que los estafadores obtienen beneficios millonarios.
Cada vez que un usuario quedaba suscrito y recibía uno de estos mensajes, se les cobraba un importe cercano a 1,50 euros por mensaje. La media de mensajes recibidos era de entre 20 ó 25, lo que el fraude por perjudicado se eleva a unos 30 euros al mes.
La organización desmantelada, que llevaba operando desde el año 2013 generado un perjuicio cercano a los 30.000.000 de euros, se encontraba ubicada en Cataluña, utilizando a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias, Andorra, Luxemburgo y Hong Kong.
En la operación se han practicado 11 registros donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que los autores iban introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño. Igualmente, los investigadores han incautado en los centros de operaciones ubicados en Sant Cugat, Mollet del Vallés, ambas localidades de Barcelona, y en Santa Cruz de Tenerife, datos de usuarios estafados, aplicaciones móviles y vehículos de alta gama; inmovilizando a la red un patrimonio por valor de varios millones de euros.
Si (
No(
