La actualidad judicial esta semana ha vivido una auténtica convulsión con la vistilla de medidas cautelares para los condenados del caso Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, solicitada por la Fiscalía y celebrada el pasado jueves en la Audiencia Provincial de Palma. El Ministerio Público solicitó prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros, pero las magistradas de la sección 1ª de la Audiencia no consideraron que hubiera riesgo de fuga y denegaron la medida solicitada por el fiscal, imponiendo únicamente la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas a Torres y únicamente una comparecencia mensual a Urdangarin, sin retirada de pasaporte y permitiéndole vivir en Suiza, donde tiene su residencia.
Es cierto que ni Torres ni Urdangarin tienen causas pendientes ni antecedentes penales, por lo que no tiene mucho sentido dictar prisión preventiva cuando la sentencia no es firme y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Pero eso no es óbice para que sorprenda que a Torres se le retire el pasaporte y no se le permita salir al extranjero, y no se haga lo mismo con el marido de la infanta Cristina. Hay que recordar que en su día al expresident Jaume Matas se le retiró el pasaporte durante la instrucción de la causa Palma Arena, lo que le obligó a regresar a España y perder así su puesto de trabajo en Estados Unidos.
A muchos otros imputados les han impuesto medidas cautelares mucho más gravosas que ahora cabe calificar de excesivas e injustificadas. Por ello es notoria la sensación que mucha gente tiene de que el cuñado del rey Felipe VI está teniendo cierto trato de favor, lo que ha indignado a la sociedad española. Pero en todo caso, no hay que perder de vista que la sentencia no es firme y que lo normal es que no se comience a cumplir la pena impuesta hasta que adquiera firmeza.