De aniversario

Se acaban de cumplir los 30 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS) y los 10 de la puesta en marcha de la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Dos leyes básicas que permiten que todos los ciudadanos, sin distinciones y desde la equidad, sean atendidos en la enfermedad y protegidos en la discapacidad. Dos normas cuya fortaleza estriba en su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Un corpus sanitario potente que se ha mostrado capaz de resistir en los momentos de crisis económica y que ha sobrevivido incluso a la manifiesta debilidad de algunos de los responsables de su aplicación.

Ambas representan el núcleo duro de una legislación sanitaria de profunda carga social que ha permitido conformar un presente confortable y mirar al futuro con esperanza.

Las dos fueron impulsados por ministros con perfiles bien distintos. Ernest Lluch, luchador y valiente, asesinado por la ETA, tuvo arrestos para inspirar e implantar las bases del sistema sanitario tal como lo conocemos. Con el paso del tiempo, ha tenido que ser apuntalada por la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, de la inefable Pastor, modernizándola, adecuándola a la situación postransferencial y estableciendo con precisión las competencias sanitarias nacionales.

La Ley de Dependencia se aprobó siendo ministra de sanidad Elena Salgado. El balance de legislatura fue modesto, pero es lógico reconocer su importante contribución en el diseño de la protección a la dependencia.

El texto inicial fue reformado ampliamente en sede parlamentaria. Se presentaron más de 700 enmiendas que la rectificaron, reforzaron y la enriquecieron. Desde la bancada de la oposición destacó con luz propia Julio Sánchez Fierro, ex subsecretario del Ministerio de Sanidad y memoria andante de la política sanitaria del PP. Dio valor a la máxima política que afirma que no hay buen gobierno sin una buena oposición.

Las diferencias, a día de hoy, entre los sistemas sanitarios autonómicos, que las hay, hay que buscarlas en la financiación y en la capacidad de sus gestores. Funciona hasta en comunidades como la nuestra, que desde hace una década no establece objetivos sanitarios prioritarios. Una comunidad en la que los distintos gobiernos se permiten la libertad de incumplir su propia legislación sanitaria olvidándose de aprobar el preceptivo “Plan de Salud”.