No me extraña que la Infanta Cristina, de vez en cuando, haya soltado alguna que otra frase poniendo de manifiesto un enfado al límite de la rabia y la desesperación. Las mismas frases, nada condescendientes, que soltaríamos cualquiera de nosotros sí, de forma paralela a nuestro procesamiento legal, viviéramos un apaleamiento inmoral y despiadado, cada vez que saliéramos de nuestra casa.
Lo he escrito en repetidas ocasiones, si no logramos entender que, al no respetar el principio de presunción de inocencia, estamos atacando nuestro estado de bienestar y poniéndonos en peligro absolutamente todos, tenemos un problema grave.
Aún en el hipotético supuesto de que una persona (sea la Infanta Dña. Cristina o cualquier otra), haya delinquido y sean, por tanto ciertas, las acusaciones formuladas en su contra, incluso en este supuesto, toda actuación tendente a intimidar, calumniar, difamar, injuriar, o, simplemente, molestar o incomodar queda fuera de cualquier cobertura justificable moral o legalmente.
Cuando el caos propio de un País tercermundista se desparrama en un, llamado “País civilizado”, y es justificado públicamente, incluso por quienes debieran preservar, en todo momento, los derechos básicos de cualquier ser humano, tenemos un problema más grave todavía.
Jalear la indignación ciudadana, por muy justificada que esté, es inaceptable y más aún, para aquellos que ocupan cargos públicos, que debieran, en contra la pasividad que están manteniendo, condenar de forma continua cualquier acto que pudiera suponer una falta de respeto o un atentado contra la dignidad de cualquier persona, sea ésta investigada, acusada, o ya haya sido absuelta.
Una gran parte de la ciudadanía aprende de quienes les representan en las instituciones públicas y, en estos momentos, la asignatura más impartida es la de “escarnio, humillación y venganza”. El respeto a la Administración de Justicia se limita a la demagógica frase en cada telediario, cuando en realidad, respetar la Justicia, que está por encima del poder que la administra, debiera significar impedir, desde cualquier cargo público, cualquier forma de actuar que significara un ataque a los derechos fundamentales de cualquier persona, independientemente de que ésta, se encuentre o no, sometida a un procedimiento judicial.
No respetar estos límites elementales, supone poner en peligro la seguridad de todos, incluso de los que hoy, se creen estar al margen de dicho peligro.
Por eso entiendo las frases de la Infanta, yo, en su lugar, también decidiría no volver a un lugar que me habría dado, y quitado tanto al mismo tiempo.
Si (
No(
