Ahora hace exactamente 6 años, en el puente de la Constitución de 2010, un grupo numeroso de controladores aéreos de diversos aeropuertos de todo el país abandonaron de forma concertada sus puestos de trabajo alegando sentirse indispuestos, lo que motivó la paralización del tráfico aéreo nacional. Ello causó grandes perjuicios a muchos viajeros que se disponían a comenzar el puente, enormes pérdidas económicas en aerolíneas y también en hoteles, amén de todo tipo de negocios, y una afectación notoria de todo el tráfico internacional que debía sobrevolar el espacio aéreo español y no pudo hacerlo.
Ahora, tras dos años de instrucción de una causa que se inició gracias a la denuncia de la Federación Hotelera de Mallorca, personada en la causa como acusación particular, el juez del juzgado de instrucción nº 1 de Palma ha concluido las diligencias y ha dado traslado a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral contra 84 controladores.
Caben aún otras estratagemas de los abogados defensores para evitar ir a juicio y eludir asumir sus responsabilidades por lo que fue un huelga encubierta, ilegal, salvaje e impropia de un colectivo de trabajadores públicos. Pero hay que confiar en que, aunque sea tarde, no haya impunidad por lo que sucedió aquel mes de diciembre de 2010 y que obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reunido en Consejo de Ministros a decretar el estado de alarma y militarizar a los controladores aéreos.
Los causantes de aquella barbaridad deben ser juzgados y en caso de ser considerados culpables, deben hacer frente a los millonarios perjuicios económicos que causaron a miles de viajeros tomados como rehenes involuntarios en un conflicto laboral donde los controladores se creyeron con el derecho a hacer de su capa un sayo.
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