Fin de la anormalidad

Un año sin gobierno no se lo pueden permitir ni las democracias más avanzadas. La valoración de los políticos es baja, pero no es menos cierto que sólo en el ámbito de la política se establecen las normas de convivencia que caracterizan a nuestra sociedad y de las que estamos orgullosos.

El ejecutivo desarrolla las normas que facilitan el progreso económico y bienestar. El que hace posible que los derechos de los ciudadanos pasen de la norma a la realidad. El que influye directamente en la política exterior, en la representación ante las estructuras supranacionales, en la salvaguarda de las fronteras, en la seguridad ciudadana, en la dinamización del tejido productivo, en la gestión saneada de la hacienda pública y en el impulso de las políticas sociales. El político es el ámbito en el que deben sintonizarse principios y economía. En realidad, sólo se pueden implantar las políticas que se tiene capacidad para financiar.

En España, 17.000.000 millones de ciudadanos, por la vía contributiva o por la subvención, reciben una asignación mensual que les permite afrontar las necesidades básicas. Esta cifra explica por si sola la necesidad de un sistema productivo competitivo y una hacienda saneada que la hagan posible.

El paro y la deuda pública lastran el crecimiento personal y colectivo. Tanto uno como otro se han convertido en estructurales. El mercado laboral ha invertido su tendencia regresiva pero sigue siendo el más frágil de la UE. El sistema productivo es poco competitivo y sin elementos facilitadores de la innovación.

Por otro lado, la realidad muestra que, en no pocas ocasiones, las formaciones que provocan el cambio, tienen dificultades extremas para mantenerlo. La realidad enseña que los propios partidos políticos pueden convertirse en parte del problema en lugar de ser los instrumentos de solución. Que sus objetivos pueden no coincidir con los objetivos de los ciudadanos. Entre otras, las mismas políticas sociales sólo son posibles con una economía próspera.

Aparentemente, hoy se acaba con la anormalidad de un ejecutivo en funciones; finaliza la interinidad del gobierno. Lo que no queda tan claro es que el nuevo gobierno tenga el suficiente soporte parlamentario para salir de su situación de persistente interinidad.