Tras el resultado del referéndum favorable a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Comisión Europea y los gobiernos de los países fundadores de la CEE han reaccionado con presteza y, junto a las lógicas manifestaciones de tristeza y decepción por la decisión de los ciudadanos británicos, han expuesto la necesidad de poner en marcha con rapidez el proceso de separación y han urgido a los representantes de Londres a proceder sin demora a la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula la segregación voluntaria de un miembro de la unión.
Tienen razón los mandatarios comunitarios. La UE debe proceder sin dilación a una serie de reformas que subsanen los diversos errores de diseño y funcionamiento que la han alejado del aprecio y la estima de una gran parte de los ciudadanos europeos, reformas que no se pueden poner en marcha sin antes solucionar la salida del Reino Unido, reformas que son especialmente necesarias en estos momentos, a fin de evitar un efecto contagio y la demanda en cascada en otros países de la Unión de referendos similares por parte de partidos populistas, un eufemismo para no decir neofascistas o neocomunistas, ambas ideologías totalitarias contrarias por igual a la idea de una Europa unida.
Los políticos británicos partidarios del “brexit” en cambio, han manifestado que piensan tomárselo con calma y que esperarán algunos meses para estudiar la situación y después ya comunicarán su decisión de marcha invocando el ya famoso artículo 50, para después agotar el periodo máximo previsto de dos años en la negociación de los términos precisos de la separación y de un nuevo tratado de relación entre el Reino Unido y la UE.
Para agravio e irritación de los europeos, pueden hacerlo. El referéndum en sí mismo no implica la salida de la UE y, por tanto, el Reino Unido sigue siendo un miembro de pleno derecho de la Unión y la decisión de iniciar el proceso de secesión les corresponde solo a ellos. Esta dilación en la puesta en marcha del procedimiento indica el cinismo y la falta de racionalidad de los partidarios del “brexit”, que sabiendo que la mayoría de los argumentos que han utilizado durante la campaña son falsos o imposibles de cumplir, necesitan tiempo para que se calmen algunas de las turbulencias económicas y sociales que han provocado y se olviden, o se atenúe el recuerdo, algunas de las más irresponsables falacias con que engañaron a los ciudadanos, especialmente la relativa al control y restricción de la inmigración desde otros países de la UE.
Pero la parte europea no puede consentir que se produzca una especie de bloqueo institucional, que sería muy perjudicial para el funcionamiento y para la imagen de la UE. La tardanza en el inicio del proceso puede ser conveniente para el Reino Unido, para tranquilizar sus desajustes internos, pero no para la Unión, ya que cuanto más se dilate el proceso mayores serán las incertidumbres sobre la economía y las presiones sobre el euro y las primas de riesgo de los países de la eurozona.
Los europeos no carecen sin embargo de argumentos para exigir celeridad a la parte británica. Deberían empezar a funcionar a pleno rendimiento y no consentir el más mínimo intento de bloqueo por parte de los británicos y, por supuesto, deben quedar automáticamente anuladas las últimas concesiones que se le hicieron a Cameron, puesto que no han servido al propósito pretendido de permanencia en la UE. Y, mientras no activen la salida, se les debe exigir el cumplimiento escrupuloso de sus obligaciones como miembros del club.
También se debe trabajar con el gobierno de Escocia, europeísta convencido, dándole plenas garantías de apoyo a su decisión de permanecer en la UE, asunto que puede desencadenar interesantes consecuencias políticas y jurídicas en el propio Reino Unido, sin necesidad de llegar a un segundo referéndum de independencia escocesa.
Y se debe empezar a preparar con sumo esmero la oferta de tratado de asociación con el Reino Unido una vez completado el proceso de separación, tratado que debe necesariamente incluir, si la parte británica quiere mantener un pleno y libre acceso al mercado único, la ineludible aceptación de la libre circulación de ciudadanos de la UE al Reino Unido y viceversa, así como una aportación británica al presupuesto comunitario. Un acuerdo de este tipo, similar a algunos que ya existen con otros terceros países, sería el mejor antídoto contra la demagogia utilizada por los partidarios del “brexit” y colocaría a los políticos británicos que han provocado esta situación ante la necesidad de explicar a sus propios conciudadanos sus mentiras, sus falsedades, sus engaños y como deberán seguir cumpliendo con la mayoría de sus obligaciones actuales, pero ya sin poder participar en las decisiones y sin las ventajas de ser miembro de pleno derecho de la unión.
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