Fue Pierre-Joseph Proudhon, filósofo y economista de mediados del XIX, el que formuló aquel famoso lema del que, algunos, que nada conocen, ni mucho menos entienden, del pensamiento del francés, pretenden apropiarse: “La propiedad es el robo”, sentenciaba. Enmárquese dicha reflexión en el análisis de una sociedad postrevolucionaria en la que la burguesía luchaba por suceder en la cúspide social a la decadente aristocracia. Una sociedad de grandes propietarios terratenientes –muy pocos-, pequeños propietarios, comerciantes o artesanos –bastantes más-, y una inmensa multitud de clases campesinas y obreras en la miseria o, como mucho, en su frontera.
Las enrevesadas y curiosas ideas de Proudhon constituyen hoy mera arqueología del pensamiento económico, pues prácticamente ni una sola de sus reflexiones casa con la sociedad occidental actual, por más que se afanen en hacernos creer lo contrario aquellos que juegan a vendernos que la nuestra es una estructura social tan injusta como aquella.
Los sucesos de Gràcia de esta semana solo demuestran los enormes complejos que le ha producido al pensamiento social-liberal la progresiva asunción del lenguaje del enemigo. La enorme torpeza de Xavier Trias demuestra, además, lo perdida que está hoy la burguesía catalana y su primer referente político. En nuestro país hemos oscilado desde la llamada Ley “de vagos y maleantes” de la II República española, a la solidaridad mal entendida con los usurpadores de los frutos de los esfuerzos de los demás, de los que nos compadecemos hipócritamente siempre, claro está, que la propiedad que ocupen no sea la nuestra.
La ‘okupación’ es un robo, pero no en sentido metafórico o filosófico, es un robo en la genuina semántica del término. Si robar es apropiarse ilícitamente de los bienes ajenos, ocupar un inmueble en contra de la voluntad de su legítimo propietario no es, precisamente, más que eso.
Introducir la ideología como elemento de derogación de la ley vigente socava los cimientos del estado de derecho, pues deja al albur del pensamiento de cada cual qué normas debe obedecer y cuándo es legítimo suplir la función parlamentaria por lo que a mí me salga de los cojones, con perdón.
La función social de la propiedad y el derecho universal a una vivienda digna, valores que, con toda lógica y a menudo poco éxito –esa es la verdad-, consagra nuestra Constitución, se corresponden con una legalidad que ampara el esfuerzo individual y la propiedad privada. Unos principios compensan y hacen aceptables los otros. En suma, nada tienen que ver con la ‘okupación’. Confundirlos es tanto como pretender igualar el orden social nacido del imperio de la ley y el caos derivado de la tiranía impuesta por unos pocos.
Aunque lleven rastas y se declaren ácratas.
Si (
No(
