La Asamblea Nacional francesa ha aprobado este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para luchar contra la prostitución por el que se penaliza a los clientes que “soliciten, acepten o tengan relaciones sexuales a cambio de una remuneración” con una multa de 1.500 euros. En caso de reincidencia, el cliente será multado con 3.750 euros.
En caso de que esta situación se produzca con una menor de edad o con una persona vulnerable por estar embarazada o enferma, la multa asciende a 45.000 euros y ser penado con tres años de cárcel. La normativa también prevé un fondo social de 4,8 millones de euros anuales para facilitar a las prostitutas su reinserción social, con posibilidades de albergue y subsidios de 400 euros al mes.
Debido a la gran cantidad de meretrices extranjeras, la nueva ley ofrece permisos de residencia de seis meses renovables para aquellas prostitutas extranjeras que se acojan a un plan de salida de la prostitución. Otro aspecto de esta norma es que las prostitutas no serán perseguidas por ofrecer sus servicios, derogando así la 'Ley Sarkozy' en vigor dese el año 2013.
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