Una de las grandes discusiones de la primera jornada del juicio del caso Nóos fue si realmente "Hacienda somos todos" o si la famosa frase era exclusivamente el lema de una campaña publicitaria. Esa discusión se ha producido para intentar convencer al tribunal de que la infanta Cristina debía seguir sentada en el banquillo de los acusados -según unos- o de que la hermana del rey no debe seguir en el banquillo porque Hacienda no la acusa en este juicio.
La abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular contra la infanta y la acusa como cooperadora de dos delitos fiscales, ha asegurado este lunes que si el tribunal decide que el juicio no continúe contra doña Cristina no permitirá que se defienda y la estigmatizará socialmente.
En las cuestiones previas del juicio de Nóos que se celebra ante la Audiencia de Palma, López Negrete ha rechazado la petición de la defensa de la infanta, la Fiscalía y la acusación particular de que el tribunal dicte que Manos Limpias no está legitimada para acusar en solitario a la infanta y sobresea el caso para ella.
López Negrete cree que excluir a Manos Limpias de la posibilidad de ejercer la acusación contra la infanta sería "un retorcimiento" del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que causaría un triple perjuicio a la Justicia a la Corona y a la propia infanta.
"Sería un grave ataque a las instituciones del Estado perjudicadas y a la Corona, y sobre todo a la propia infanta que teniendo la oportunidad como cualquier ciudadano de poder defenderse en un juicio justo y de poder demostrar su inocencia, si limitamos el procedimiento contra ella va a quedar estigmatizada socialmente de lo que se ha podido ver a lo largo del procedimiento", ha afirmado López Negrete.
Por su parte, El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado un informe de Hacienda como nueva prueba en el juicio del caso Nóos para avalar su tesis jurídica sobre la infanta Cristina y Ana María Tejeiro de que una conducta que no fue considerada infracción administrativa tributaria tampoco puede ser delito.
Horrach ha recordado al tribunal que, en un anexo del escrito de acusación de esta causa, pidió el sobreseimiento para Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro y una de las alegaciones que formuló fue defender que una conducta inocua en el ámbito administrativo tributario impedía su consideración como hecho punible en el ámbito penal.
Horrach ha insistido en que, cuando lo único que marca la diferencia entre la infracción administrativa y el delito fiscal es el importe de la cuota defraudada, (que debe ser superar los 120.000 euros para ser punible), "no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias".
Después de que el juez instructor José Castro no respondiera a dicha alegación en el auto de apertura de juicio oral, Horrach solicitó un informe a la Dirección General de la Agencia Tributaria respecto a los criterios generales de actuación en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador en relación a fraudes en el impuesto de sociedades y de IRPF.
También consultó sobre la responsabilidad de los socios de las entidades mercantiles que sean objeto de inspección, ejerciesen o no actividades de gestión.
El informe aportado acredita su tesis jurídica y Horrach ha solicitado además que, si el tribunal no acuerda sobreseer la causa para la infanta y Ana María Tejeiro, declare como perito la autora del documento, Caridad Gómez, jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación en Delitos contra la Hacienda Pública.
Antes, el abogado defensor de la infanta Cristina Jesús María Silva ha solicitado la nulidad de la acusación por la que se sienta en el banquillo la hermana del Rey en el juicio del caso Nóos, porque se vulneran sus "derechos fundamentales".
En el turno de cuestiones previas con el que se ha iniciado el juicio ante la Audiencia de Palma, Silva ha subrayado que reclama la exoneración de la infanta en aplicación de la "jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo" en sucesivos pronunciamientos.
El letrado ha subrayado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimada para mantener en solitario la imputación de doña Cristina si no la acusan ni la Fiscalía y acusaciones particulares.
Ha detallado que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado por el Constitucional y posteriormente aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.
Silva ha pedido al tribunal que declare la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón y rechace la legitimación de la acción popular que ejerce Manos Limpias, que pide ocho de prisión para la infanta.
Silva ha pedido al tribunal que dicte una resolución de sobreseimiento de las actuaciones respecto a la infanta y que no espere al dictado de la sentencia para hacerlo porque es una cuestión meramente técnica.
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