Respaldo unánime para reconocer la categoría profesional del TES

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) logra el respaldo unánime del Parlamento para reconocer la categoría profesional del Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) en Canarias. El portavoz parlamentario de NC-BC en materia sanitaria, Yoné Caraballo, afirmó que la proposición no de ley, promovida por el grupo canarista, busca el reconocimiento oficial y retributivo de unos 3.000 profesionales en activo en el Archipiélago.

Yoné Caraballo, durante la defensa de su iniciativa, destacó la conformidad de todo el plenario tras el trabajo realizado para llegar a consensuar unas enmiendas transaccionales. La razón, según el diputado de NC-BC, la obligación de dignificar la labor de este colectivo de trabajadores, “No sin camilleros ni transportistas, sino profesionales esenciales en situaciones críticas”, enfatizó.

Denunció las “injusticias” laborales y económicas al indicar que cobran sueldos que oscilan entre 1.100 euros y 1.300 euros, lo que “no permite una vida digna”, especialmente en lugares con un elevado coste de la vida como Lanzarote. Muchos TES, continuó, combinan el trabajo “salvando vidas” con otros empleos o abandonan el mismo para llegar a fin de mes.

Lamentó Yoné Caraballo que, a pesar de tener una formación especializada de más de 2.000 horas lectivas y un título regulado por el Real Decreto Ley, “no se les reconoce profesionalmente” como técnicos en Canarias.

Aludió a la existencia de contradicciones institucionales al asegurar que, aunque el Servicio de Urgencias Canario (SUC) presume y valora el trabajo del TES como parte fundamental del sistema sanitario canario, las empresas subcontratantes los catalogan como personal no técnico para pagarles unos salarios menores. Para Caraballo, esta realidad es una incoherencia absoluta entre lo que se les exige y los que se les reconoce oficialmente.

El portavoz canarista explicó con ejemplos concretos que los TES son los “primeros en actuar” ante accidentes o paradas cardiorrespiratorias. Quienes, recordó, estuvieron en la “primera línea” durante la pandemia del coronavirus, “muchas veces sin la protección adecuada”. Quienes crean vínculos con pacientes crónicos, además de caracterizarse por dar una atención empática y humana.

Caraballo hizo hincapié en que impulsó la proposición no de ley para el reconocimiento oficial y retributivo de la categoría profesional de los técnicos en emergencias sanitarias. Una iniciativa que, previa alusión a que implica un mayor coste económico para el Gobierno de Canarias, consideró que es una inversión “justa y necesaria”, en la que el Estado también debería contribuir. Hizo un llamamiento a seguir el ejemplo de las Islas Baleares, la primera comunidad en reconocer la categoría profesional de este colectivo.

Enmiendas

Las enmiendas transaccionales acordadas entre todos los grupos y apoyadas por unanimidad instan al Gobierno de Canarias a iniciar los procedimientos administrativos necesarios para el reconocimiento, a todos los efectos, de la categoría profesional de los actuales técnicos en transporte sanitario de Canarias, actualmente denominados “camilleros” y “conductores”, otorgándoles la categoría de técnico en emergencias sanitarias.

Proponer a los agentes sociales la participación de sindicatos de transporte sanitario (urgente y no urgente) en la mesa sectorial de sanidad en tanto en cuanto se aborden asuntos en materia de recursos humanos que les afecten, dejando aquellos asuntos propios de la materia de transportes en la mesa general de transportes.

Implantar mecanismos de seguimiento y control para que las empresas adjudicatarias del transporte sanitario en el Archipiélago cumplan íntegramente con los convenios firmados, especialmente en el reconocimiento de la categoría profesional y las condiciones laborales de los técnicos en las emergencias sanitarias.

Asegurar la mejora continua del servicio mediante la renovación y adecuación del material sanitario, garantizando así una atención segura y de calidad para la ciudadanía.

También la Cámara solicita al Gobierno de Canarias que inste al Ejecutivo estatal a aportar la financiación obligatoria, transfiriendo a la comunidad canaria las cuantías adecuadas y suficientes para hacer frente al incremento del gasto que conllevaría la creación de la categoría profesional del TES.