La reciente entrada en vigor de una nueva ley, promovida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, marca un hito en el ámbito judicial español. Esta normativa establece que, salvo ciertas excepciones —como la tutela de derechos fundamentales, casos de filiación, procedimientos concursales, medidas cautelares o situaciones de violencia de género—, será obligatorio demostrar que se ha intentado una solución extrajudicial antes de presentar una demanda.
Entre los mecanismos propuestos para facilitar este proceso se incluyen la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, ofertas vinculantes confidenciales, así como la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. Con esta iniciativa, se busca fomentar una cultura del diálogo y el acuerdo, alejándose del tradicional enfoque litigioso.
Un cambio hacia el diálogo y la eficiencia judicial
Este enfoque no solo promete aliviar la carga de trabajo de los tribunales, sino que también ofrece a los ciudadanos un camino más ágil y efectivo para resolver sus conflictos. Además, la ley introduce modificaciones en el sistema de costas judiciales; los jueces evaluarán si alguna parte se ha negado a buscar una solución consensuada, lo que influirá en las decisiones sobre las costas.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia contempla una reforma significativa en la organización judicial. Su implementación será gradual a partir del 1 de julio de 2025 y tiene como objetivo transformar el sistema en uno más ágil y flexible, capaz de responder mejor a la congestión existente en los juzgados.
Estructura judicial renovada
Con esta reforma se prevé convertir los actuales 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Cada tribunal contará con el apoyo administrativo de una Oficina Judicial. Este cambio permitirá una mayor especialización en las plazas judiciales, organizadas por secciones para homogeneizar prácticas jurisdiccionales y organizativas.
Además, se contempla un aumento en el número de plazas judiciales disponibles cuando sea necesario. La creación de nuevas plazas ya no estará ligada a la apertura de nuevos juzgados; esto permitirá reinvertir aproximadamente 300.000 euros ahorrados en habilitar nuevas posiciones dentro del sistema judicial.
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